La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, está "torpedeando" el caso sobre la financiación ilegal de Podemos que investiga la Audiencia Nacional y se niega a entregar una investigación secreta de la Fiscalía Anticorrupción sobre la formación morada.
Esta causa fue reabierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras las declaraciones y documentos aportados por el exjefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo ‘Pollo’ Carvajal, y que también salpicaban al despacho de abogados de la pareja de Delgado, Baltasar Garzón. Carvajal entregó los supuestos contratos del despacho de Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA en el 2016 por valor de 8,8 millones de euros para supuestas labores de "coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España". El despacho de Garzón sostuvo entonces en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Boggs, "que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven".
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "Delgado se ha negado a remitir a la Audiencia Nacional una investigación secreta sobre Podemos supervisada por la Fiscalía Anticorrupción que realiza la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía UDEF desde hace aproximadamente un año".
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que dicha investigación coordinada por los fiscales Anticorrupción Juan Pavía y Anca Cuenca es "muy potente" e implica al menos a los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. "La citación de Monedero en calidad de investigado en este caso es cuestión de tiempo", afirman. Recordamos que el propio Monedero ya está imputado en el caso Neurona donde la formación morada está investigada ya a su vez por financiación ilegal y delito electoral.
"En la Fiscalía Anticorrupción se están investigando presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales que afectan a miembros de Podemos. Entre la documentación analizada por los investigadores existen facturas y nombres de sociedades. Es incomprensible que Delgado no haya remitido todavía esta investigación a la Audiencia Nacional. Además, debería abstenerse en este caso, ya que afecta a un partido político y fue nombrada fiscal general directamente tras ser ministra de Justicia con el PSOE", denuncian.
Otra decisión de Delgado que ha provocado el desconcierto es que la investigación sobre la citada financiación ilegal de Podemos se la haya asignado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y no a la Fiscalía Anticorrupción.
"No tiene ningún sentido que Delgado haya asignado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en lugar de a la Fiscalía Anticorrupción para esta causa que instruye el magistrado Manuel García Castellón. La investigación que realiza Anticorrupción con la UDEF es clave para impulsar el procedimiento", apuntan.
"Parece que Delgado está torpedeando la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Debería remitir de inmediato a la Audiencia Nacional la investigación de Anticorrupción que afecta a Podemos y asignar a la propia Fiscalía Anticorrupción para que se encargue de las pesquisas", concluyen.
Recordamos que el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LeCrim establece que "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".
Las últimas pesquisas de la causa
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia, Joaquín Gadea, ordenaba el pasado 17 de noviembre a la UDEF investigar las transferencias por valor de 142.000 dólares que recibieron del régimen chavista los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. El Instructor también solicitaba a la UDEF practicar pesquisas relacionadas con las estancias de Juan Carlos Monedero en Venezuela y sobre su papel como recaudador de los fondos procedentes del régimen bolivariano para supuestamente financiar ilegalmente a Podemos.
Tras estas diligencias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentaba un recurso oponiéndose a las pesquisas del juez, alegando que las diligencias solicitadas por el magistrado Gadea a la UDEF son "desproporcionadas", "excesivas", e incluso "prospectivas".