La apariencia de unidad con la que los partidos independentistas abordaron el comienzo de legislatura no ha durado ni diez meses. La CUP se desmarcó del pacto de gobierno por el que es presidente Pere Aragonès durante la tramitación de los presupuestos mientras que ERC y JxCat cada vez guardan menos las apariencias a pesar de compartir un ejecutivo dividido en auténticos compartimentos estanco.
El caso del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà (condenado por desobediencia por negarse a retirar unos lazos amarillos en periodo electoral cuando era concejal por Lérida) ha puesto de relieve de manera muy descarnada la profunda división en el seno del independentismo. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, niega que obedeciera a la Junta Electoral Central (JEC) y acusa de la retirada del escaño a los funcionarios de la cámara y a que ERC y la CUP la dejaron sola y pretendían cobrarse su cabeza.
Las teorías de Borràs han sido asumidas por una parte de la militancia independentista, la que compra el relato de que ERC ha vuelto al autonomismo y que la legitimidad del 1-O, en alusión al referéndum ilegal, reside en Waterloo, donde Puigdemont está cada vez más aislado y desconectado de la política catalana. Y al tiempo que Borràs obedece a la JEC desobedece al propio gobierno de la Generalidad al encabezar el pasado sábado el enésimo corte de tráfico separatista en la avenida Meridiana de Barcelona, donde se dejó ver al lado del exterrorista Frederic Bentanachs.
El gesto de Borràs no sólo persigue disimular su acatamiento en el Parlament, sino que es un señalamiento sin ambages contra ERC y la consejería de Interior, en manos de los republicanos, que prohibió con nulo éxito que se realicen cortes de tráfico en la citada vía.
Desmovilización
Visto que ni el Govern ni tampoco el Parlament desobedecen y que la mesa de diálogo con el Gobierno no arroja ningún resultado, la antaño todopoderosa Assemblea Nacional Catalana (ANC) exige un replanteamiento radical de la estrategia separatista. Sin embargo, ya no dispone de la capacidad de movilización que le prestaron los partidos durante los años más tensos del proceso separatista. El sábado y frente a la cámara regional sólo pudo congregar a unos pocos cientos de personas a pesar de haber fletado autobuses desde distintos puntos de Cataluña. El propósito era manifestar el rechazo a la retirada del escaño de Juvillà y a la prohibición de cortar la Meridiana. En el Parlamento catalán no había nadie que pudiera escuchar las reivindicaciones de la ANC. Al ser sábado estaba totalmente vacío y cerrado. Por la noche, en la Meridiana, la protesta tuvo algo más éxito, pero también arrojó imágenes contradictorias, como la de la obediente Borràs recibida como una heroína de la república a pesar de sus mentiras y engaños.
Mesa de diálogo
Puede que tras las elecciones de Castilla y León y si no se convocan en Andalucía el Gobierno recupere la mesa de diálogo con la parte de ERC de la Generalidad, pero está lejos el momento en el que el Ejecutivo se avenga a hablar de un referéndum de autodeterminación. En cuanto a la amnistía, tanto los independentistas como los socialistas no dan gran relevancia a ese extremo después de unos indultos que han puesto a los golpistas en la calle.
Desde Moncloa se apunta a la primavera como ocasión para congregar la citada mesa, un espacio de tiempo suficientemente ambiguo como para no atarse a una convocatoria que podría resultar contraproducente para los intereses electorales del PSOE. En ERC se aspira a que la reunión se produzca cuanto antes, pero tampoco se presiona en exceso.
La política catalana pasa por dos vectores, la llamada "desobediencia mágica" de la que hace gala Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Borràs y Puigdemont y la "gestión del mientras tanto" de la que se acusa a ERC. Sin embargo, ni una cosa ni la otra tienen grandes efectos. Juvillà se quedó sin escaño a pesar de que Borràs llegó a declarar en su día que ella no habría retirado el escaño de Torra y la "gestión del mientras tanto" en el Parlament se ha reducido a la aprobación de los presupuestos autonómicos y la ley de medidas, fiscales, financieras, administrativas y del sector público. La colaboración del PSC con los separatistas ha sido clave, además, para renovar cargos en "chiringuitos" como el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o la Sindicatura de Cuentas.