Si los no independentistas tienen motivos de queja por el sesgo de TV3, la televisión autonómica catalana, no menos descontentos están algunos sectores del separatismo, los más ortodoxos. Tras el golpe de Estado de octubre de 2017 y en el debate sobre el alcance del artículo 155 llegó a planear sobre el procedimiento la intervención de TV3, pero se descartó porque la medida constitucional era una mera palanca transitoria hasta las elecciones que se celebrarían el 21 de diciembre.
Desde entonces, la televisión regional se ha destacado por dar sustento a todos los mantras golpistas, como llamar "presidente en el exilio" al prófugo Carles Puigdemont, o "presos políticos", a los golpistas indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus "humoristas" tampoco han perdido comba a la hora de ridiculizar todo lo español, del idioma a la cultura o la historia. Sin embargo, hay sectores del independentismo que aprecian un tufo "provinciano" y una cierta "degradación" en TV3 y el resto de canales públicos autonómicos desde el fracaso de la asonada separatista.
Uno de esos sectores es la entidad Unitat per la Independència, que ha registrado en el Parlament una proposición de ley que propone el cierre de TV3 y el resto de canales de la Generalidad. Aduce la entidad que la televisión "ha renunciado a ser un referente en el buen uso del catalán" y que, en cambio, "ha normalizado un dialecto interferido por el castellano". También denuncia la orientación política cortoplacista de la televisión autonómica, "convertida en un instrumento político sometido a las estrategias a corto plazo de los partidos con más peso en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, CCMA". En la proposición se denuncia también la participación en producciones audiovisuales en español.
El presidente de esta organización, Carles Santacruz, ha declarado a Efe que "no ha habido independentismo de verdad en TV3". También se ha quejado de que "no ha habido pluralidad" porque "el independentismo no ha estado representado".
La recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) depende del visto bueno de la mesa de la cámara catalana. En caso afirmativo, comenzaría la fase de recogida de firmas debidamente autenticadas. Se necesita un mínimo de 50.000 para tramitar la ley y someterla a votación en el Parlament. No sería extraño que muchas de las firmas se recogieran entre quienes cerrarían TV3 por ser el altavoz separatista en contra de más de la mitad de la población de Cataluña, que además la sufraga.