La psicosis se ha apoderado del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano. Fuentes del tribunal consultadas por Libertad Digital aseguran que "en los últimos días se ha realizado un barrido en los despachos de los consejeros del tribunal en busca de micrófonos ocultos".
Los barridos electrónicos denominados también barrido de micrófonos o TSCM (Technical surveillance counter-measures) tienen el objetivo de identificar elementos de espionaje activos o pasivos que sirvan para recopilar o transmitir información de una manera ilícita ya sea a través de audio o video.
La decisión de efectuar un barrido en el Tribunal de Cuentas se produce semanas después de estallar el denominado caso Pegasus en el que el Gobierno denunció el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. En los últimos meses, el tribunal renovado por PSOE y PP ha protagonizado numerosas polémicas con motivo de la causa del 1-O y de las compras del Gobierno con motivo de la pandemia.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que en el tribunal "se personaron por la mañana varios hombres con un maletín y emplazaron a los consejeros del tribunal a bajar a tomar un café mientras realizaban el barrido en busca de micrófonos. El barrido por despacho duró entre 20 y 40 minutos. En la actuación también participaron agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad del tribunal". Recordamos que la vigilancia del tribunal es responsabilidad de la Comisaría de las Cortes.
Dichas fuentes consultadas por este diario afirman que "hasta ahora no se ha tenido noticia de que se haya detectado algún micrófono durante los barridos. Se desconoce el motivo por el que se acordó la actuación. Algunos piensan que en el tribunal hay temor a que se estén produciendo filtraciones a la prensa y otros apuntan al temor de un espionaje tras conocerse el caso Pegasus".
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas aseguran que "no se pueden dar detalles" sobre la intervención, ya que forma parte de los "protocolos de seguridad" del propio tribunal.
Tal y como publicó este diario el pasado mes de noviembre, el Partido Popular que dirigía Pablo Casado "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior". Por ello, los populares aceleraron la negociación con el PSOE y Casado ofreció el 13 de octubre en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales.
El pacto alcanzado por socialistas y populares supuso la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantienen son dos de las propuestas en su día por los socialistas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro.
La sentencia que amenaza la presidencia de Chicano
Tal y como publicó LD, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulando el nombramiento del presidente y adjunto de la Agencia de Protección de Datos amenaza la elección de Enriqueta Chicano como presidenta del Tribunal de Cuentas. Al igual que con la citada agencia, la designación de Chicano fue anunciada por el PSOE y el PP semanas antes de que los consejeros del Tribunal de Cuentas votaran su designación.
Según la normativa del Tribunal de Cuentas, "el presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por el Rey, de entre sus miembros, a propuesta del Pleno y por un período de tres años. La elección se efectúa, mediante votación secreta, por los consejeros de Cuentas, reunidos el día de su toma de posesión o, si no fuera posible, en el siguiente día hábil, o bien una vez finalizado el período de tres años desde la elección anterior o en el supuesto de que se produjese la vacante en el cargo. Tras la elección, se convocará para el día hábil siguiente al Tribunal en Pleno –incluido el fiscal-, que examinará la legalidad de aquella y remitirá la propuesta al Presidente del Congreso para que proceda a su elevación al Rey".