Resulta difícil no ver la derivada política de la norma del Ministerio del Interior. Se trata de un real decreto que pretende censurar a los agentes de la Policía Nacional que intervienen en teles, radios y periódicos y que quiere que los policías únicamente puedan participar en medios de comunicación previa autorización del hombre de máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska: el director general de la Policía, Pardo Piqueras, el principal cargo político al frente del cuerpo.
Las fuentes consultadas por Libertad Digital han confirmado que el párrafo censor surgió en noviembre del pasado año, justo con el agravamiento de la crisis y la escalada brutal de los precios de la energía -el recibo medio de la luz cruzó los cien euros en octubre, no tras el ataque de Putin a Rusia en febrero, como dice el Gobierno-. Es más, el borrador que incluye la censura sólo se ha presentado como texto cerrado y definitivo tras las elecciones andaluzas. Dicho de otra manera: la censura surge en plena debacle electoral del PSOE.
Las primeras conversaciones para sacar adelante un texto sobre incompatibilidades dieron inicio en primavera del pasado año. Allí no se habló de la censura a los agentes que intervienen en medios de comunicación. El tiempo pasó, y un primer borrador fue ya presentado en noviembre: "Allí sí apareció ya ese párrafo con la censura", señala una fuente policial a Libertad Digital.
Ese mes fue el siguiente al gran estallido de precios. El Gobierno sostiene que la escalada del recibo de la luz comenzó con y por Putin. Pero no es verdad: el ataque a Ucrania dio comienzo el 24 de febrero. Y desde octubre de 2021, el recibo medio de la luz del hogar medio español rebasa los 100 euros. Justo al mes siguiente, Sánchez se preocupaba por las opiniones críticas de los agentes en los medios de comunicación españoles.
Ese mismo mes, el IPC rebasó el nivel del 5% (5,4%), una carrera que le ha llevado hasta el 10,2% actual. Y un periodo que ha granjeado al Gobierno la crítica generalizada y el hundimiento en las encuestas.
Pero, para colmo, la presentación del texto articulado ya como definitivo y cerrado se ha producido esta semana pasada: tras las elecciones andaluzas y al cierre de un debate del estado de la nación del que Pedro Sánchez ha salido con el certificado de líder en descenso. Y su partido -el PSOE- con la confirmación absoluta de que necesita un milagro para invertir la tendencia de deterioro electoral.
Y en ese contexto surge un articulado, comandado por Fernando Grande-Marlaska en el que se diseña un completo mecanismo de censura a la Policía: porque el Gobierno no quiere agentes en la prensa o tele criticando su labor.
El Ministerio del Interior ultima, de este modo, un proyecto de Real Decreto en el que desarrolla el "Régimen de Incompatibilidades en la Policía Nacional". Y el artículo 4 de este nuevo texto lleva una bomba de relojería contra la libertad de expresión de los agentes: "La participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía".
El redactado reserva un apartado para las intervenciones realizadas por los portavoces de los sindicatos policiales, pero limita sus apariciones en medios a las declaraciones "en defensa de los intereses laborales y profesionales del personal de la Policía Nacional en el ejercicio de la acción sindical". Es decir, todo lo que se salga de esta estricta función, quedará dentro del campo de la censura. Los agentes se han convertido en mecanismos habituales de transparencia en los medios de comunicación. Y esa transparencia, unida la libertad de expresión, no gusta demasiado en un Gobierno que ha llegado a tramitar toda una reforma legal para desproteger a la Policía y que sigue sin equiparar el sueldo de todos los policías españoles. ¿La respuesta? Censura en la Policía Nacional.