El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska parecen haberse especializado en generar atascos en los aeropuertos, sedes de la Seguridad Social o trámites policiales. Y este verano no podía ser menos. En esta ocasión, han decidido deleitar a los turistas nacionales con un gran atasco en las citas para renovar el DNI y los pasaportes. Y la causa no es nueva: la Policía no puede más de estiramientos de horarios y turnos extra y el Gobierno se niega a incrementar las plazas, pese a la experiencia vivida en el covid.
En la época de mayor demanda del año por los viajes de vacaciones, y con ausencia plena de medidas de refuerzo policial para hacer frente a la situación, "en casi la totalidad del territorio nacional ya no es posible obtener cita previa hasta el mes de septiembre", destacan miembros del sindicato CSIF.
Desde CCOO, UGT Y CSIF lamentan el colapso de las oficinas de documentación de la Dirección General de la Policía. Pero recuerdan que ya advirtieron en un comunicado del pasado 21 de junio de la situación que se estaba generando y de las consecuencias venideras que ahora paga la ciudadanía.
Los sindicatos dieron la voz de alerta, efectivamente, sobre la situación de las unidades de documentación de la Dirección General de la Policía (DGP), "por la falta de previsión y organización de los responsables policiales" y adelantaron el bloqueo que se estaba generando en la renovación de documentos de identificación. UGT, CSIF y CCOO hablaron, de hecho, de una "tormenta perfecta" por la saturación de este servicio público.
"Finalmente, y por desgracia, las previsiones que anunciábamos los sindicatos se han cumplido y el mapa del territorio nacional cuenta ya con pocas excepciones de oficinas de expedición que ofrezcan citas antes del mes de septiembre", apuntan fuentes sindicales.
"Las personas responsables de la Dirección General han realizado aclaraciones a este respecto sobre la falta de previsión de la ciudadanía a la hora de organizar sus gestiones, así como de los plazos que tienen los documentos para renovarse con antelación", explican desde CSIF. Sin embargo, "y ante lo que los sindicatos califican de dejadez de los gestores del organismo, lo que los sindicatos consideran que es necesario poner de relieve es el hecho de que, ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el propio organismo policial, se haya puesto ningún tipo de remedio para dotar a estas oficinas del personal cualificado para las tareas administrativas que la ciudadanía merece, dejando año tras año sin cubrir las plazas de personal no policial que presta sus servicios en la Policía, y a las que se les encomiendan este tipo de labores, aumentando hasta sumar un total de casi 2.500 plazas vacantes, lo que supone que casi el 50% de los puestos de este tipo de plantilla están actualmente sin cubrir", añaden los sindicatos.
"En estas condiciones resulta imposible ofrecer un servicio público ágil y de calidad en la tramitación de un tipo de documentación que todos los ciudadanos y las ciudadanas están obligados a tener en vigor", recalcan estos sindicatos.
La falta de personal no policial alcanza algunas de sus peores cuotas en Jefaturas de Policía a las que están adscritas un gran número de estas unidades de documentación –como es el caso de Madrid, Cataluña o Andalucía-, en donde la tasa de vacantes se eleva en ocasiones hasta casi el 60%. Y el Gobierno no quiere ni oír hablar de crear más plazas policiales.
"Esta falta de interés en cobertura de las necesidades en materia de recursos humanos por parte de la DGP ha provocado que estos grandes núcleos de población hayan extendido el colapso en todas direcciones hasta ahogar el servicio público en el resto del mapa", indican los sindicatos.
Por otro lado, las organizaciones sindicales también señalan que existe un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que la propia Dirección General está detrayendo de sus labores puramente policiales para destinarlos a labores de expedición, "en una línea de gestión que arroja una balance negativo por partida doble: el déficit de estos efectivos en tareas que también resultan esenciales, como sucede con la seguridad ciudadana, así como el sobrecoste que supone destinar a agentes del CNP a oficinas de documentación en lugar de al personal administrativo de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, cifrado en más de 140 millones de euros anuales según CSIF, UGT y CCOO".