La inmigración ilegal sigue creciendo en España. Los últimos datos hablan de incrementos hasta abril de casi un 2% con respecto a las cifras ya disparadas del pasado ejercicio. Esos mismos datos apuntan a que, en lo que va de de año, son ya más de 15.000 los inmigrantes que han llegado ilegalmente a España por vía marítima o terrestre. Y, ahora el Gobierno, acaba de admitir, que no mantiene control directo sobre su estancia y situación en España.
"En caso de imposibilidad de ejecutar la devolución, los inmigrantes irregulares son derivados a ONG" que, según el Gobierno, son "gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Lo cierto es que salen de la órbita de control directa del Ministerio de Interior. Los datos han sido reconocidos por el Gobierno y por escrito a raíz de la solicitud de información por medio del Parlamento y requerida por el diputado y policía nacional Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto, antes en C’s).
Cambronero exigió esta información ante la evidencia de un descontrol sobre la inmigración ilegal, una situación que, además, se ha agravado desde la ruptura de los tratados de amistad con Argelia, que ha supuesto también la imposibilidad de devolver a los inmigrantes llegados de este país. El diputado señaló en su pregunta al Gobierno que "en mayo del año pasado se produjo una marea de entradas ilegales a nuestro territorio nacional. Posteriormente entraron por el estrecho más de 500 personas de nacionalidad marroquí. Son personas que, con la ley en la mano, no tienen derecho a asilo, y por lo tanto, su estancia en España es ilegal".
Cambronero añadió en su exposición que "el descontrol es máximo, nada se supo de estos inmigrantes ilegales, ni Interior ni las Delegaciones del Gobierno comunican las circunstancias de estos cientos de personas, y por ello desconocemos si son personas en busca y captura, si son delincuentes o no y en qué situación se encuentran y dónde". Efectivamente, y como narra el diputado, "el asilo se les denegó a una tercera parte de los solicitantes, otros tuvieron más suerte mientras el Gobierno de la Nación no reaccionaba. El Gobierno de España desaparece en estos asuntos y ello genera problemas".
Y, por todo ello, Cambronero preguntó "¿qué controles y actos jurídicos realiza el Gobierno con respecto a las personas que entran ilegalmente en España y además no tienen derecho a asilo?" y si el Ejecutivo de Pedro Sánchez "¿conoce sus antecedentes penales y si están en busca y captura? ¿Por qué no se les expulsa inmediatamente? ¿Cuántos ciudadanos de Marruecos han cruzado a la Península Ibérica con la solicitud de asilo admitida a trámite desde Ceuta y Melilla? ¿Cuántos marroquíes han sido beneficiarios de la solicitud de asilo? ¿Cuántos de esos están localizados y controlados por las autoridades?".
El Gobierno le ha respondido y afirma que "al objeto de dar la atención necesaria a los inmigrantes durante las primeras horas desde su llegada a España, permanecen en Centros de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) el tiempo mínimo imprescindible a los efectos de identificación, reseña policial, incoación del respectivo expediente de devolución y grabación de los datos en los ficheros policiales, pudiendo ser solicitado a la autoridad judicial el internamiento en el CIE, en aplicación del artículo 58.6 de la LOEX, cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas".
Pero, sobre todo, que "en caso de imposibilidad de ejecutar la devolución, los inmigrantes irregulares son derivados a ONG, gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Traducido: en cuanto se confirma que no pueden devolver al inmigrante, se le "deriva" a las ONG.
"Asimismo, cabe señalar que, a través de la reseña decadactilar, se realiza un cotejo automático en las Bases de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN), Sistema de Información Schengen (SIS-11) y base de datos de lnterpol, obteniendo, en su caso, resultados sobre reclamaciones judiciales, ordenes europeas de detención y entrega y solicitudes de extradición". Y, "finalmente, respecto a la protección internacional, se informa que los datos están disponibles en la página web del Ministerio del Interior". Pero lo cierto es que el control queda en manos de las ONG.