En rueda de prensa desde Albania dentro de su viaje a los Balcanes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a las intenciones del Ejecutivo de abordar la renovación del Tribunal Constitucional en una maniobra que le daría el control sobre la institución.
Tras la última reforma legal para permitir que el CGPJ pueda hacer nombramientos en funciones, el Gobierno quiere que la renovación de cuatro de los magistrados del TC, dos nombrados por el Ejecutivo y dos por el poder judicial, se aborde en septiembre.
El CGPJ tiene previsto reunirse el próximo 8 de septiembre para debatir sus dos nombres pero el hondo malestar que ha creado en la institución la última maniobra del Gobierno apunta que podría no reunirse el consenso suficiente para el nombramiento de los dos nuevos miembros del TC, de los que se prevé que uno sea próximo al sector conservador y otro progresista.
Desde Albania, Sánchez se ha declarado "convencido de que el CGPJ cumplirá con la ley" y "dará los nombres y una propuesta" para la renovación del Constitucional. "Desde luego, el Gobierno lo hará en el mes de septiembre", ha dicho en alusión a los dos nombres que dependen del Ejecutivo.
Fuentes jurídicas apunta a Europa Press que existiría la posibilidad de que el Gobierno intentara nombrar a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, lo que abriría un importante frente jurídico. Sin embargo, aunque el Ejecutivo optara por proponer y nombrar a los suyos, estos no podrían sentarse a la mesa del Constitucional hasta que el CGPJ hubiera propuesto a los suyos.
El delito de sedición
En la rueda de prensa, Sánchez también se ha referido a la reforma del delito de sedición dando cumplimiento así a la reciente demanda de los separatistas. El presidente ha manifestado que no ve mayoría parlamentaria para la reforma aunque ha considerado que el Gobierno la plantearía "como no puede ser de otra manera" si existiera.
"He sido claro, yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos", ha aseverado. Para Sánchez, no se trata de una cuestión "de opinión política", sino que España tiene que "homologarse" en ese tipo de delitos a otros países como democracia "consolidada que es". También ha esgrimido como argumento que la mayor parte de los penalistas compartirían la "necesidad" de esta reforma.