Los morados han trasladado ya algunas de sus nuevas exigencias. Y una es llamativa: quieren ya en la calle y plenamente operativa la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la misma que limita el poder antidisturbios de la Policía. Porque quieren esa norma plenamente operativa fase electoral.
Podemos prepara ya una nueva batería de exigencias a Pedro Sánchez. Unas serán sociales, como las adelantadas ya por Libertad Digital en materia de bloqueo a las subidas de los precios de las viviendas en alquiler. Pero otras afectan a Interior y a la Policía.
De hecho, una de las principales se centra en la reforma, aún en fase de tramitación, de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una norma que ha generado una particular polémica con la Policía por pretender reducir su material antidisturbios, limitar su capacidad de realizar cacheos, restringir su posibilidad de contar con la presunción de legalidad en sus actuaciones y hasta por permitir que se llegue a divulgar la identidad de los agentes en las actuaciones policiales. Por todo ello, de hecho, y por la oposición de los representantes policiales, la norma está experimentando una muy lenta tramitación parlamentaria. Y esa lentitud es precisamente la que ha escamado a Podemos. Los morados quieren la norma y la quieren cuanto antes. Antes, en concreto, de que se acerque el periodo electoral.
Lo cierto es que ese punto es delicado para el Gobierno. La Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta las policías locales han unido fuerzas frente a ese reforma. El Ejecutivo mantiene que quiere cambiar la mal llamada Ley Mordaza, pero los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están cansados de los ataques de Fernando Grande-Marlaska y las humillaciones de Pedro Sánchez.
Los agentes consideran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como un golpe directo a la seguridad de los agentes. De hecho, más de diez asociaciones policiales de todos los cuerpos han unido fuerzas para defenderse de la reforma legal que han exigido Bildu, ERC, Podemos e impulsado el propio PSOE.
El análisis de la reforma legal es compartido por todas las asociaciones policiales. Y calificado, sin rodeos, de un ataque a la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos, porque la norma limita la protección efectiva de los cuerpos policiales. "No es necesario recordar que todas las actuaciones policiales están sujetas tanto al control interno, como al control de jueces y tribunales a los que los ciudadanos pueden acudir cuando estimen que sus derechos no han sido respetados o han sido conculcados, así como el derecho que tienen a recurrir las sanciones ante los órganos con capacidad para imponer las sanciones, como ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo" han señalado desde UFP.
Los sindicatos destacan, además, que es mentira que la reforma legal pretenda devolver ningún derecho de manifestación o asociación, como afirma el Gobierno. Pretende, todo lo contrario, invertir una situación de primacía de la ley para dársela al delincuente. Así, la reforma legal pretende introducir una modificación para que "las manifestaciones de carácter espontáneo no tengan que ser comunicadas previamente". Hasta ahora, toda concentración debe cumplir el requisito de la comunicación previa.
Además, la reforma pretende modificar la regulación actual para que los atestados policiales pierdan su presunción de veracidad. Es decir, que si la Policía sanciona a un ciudadano en aplicación de la legalidad vigente, la denuncia policial pueda ser cuestionada y decaer en ausencia de más pruebas o testigos externos. La norma, igualmente, exige que las personas trasladadas a dependencias policiales para ser identificadas tengan que ser devueltas al lugar en el que se inició la intervención. Y reclama que se tenga que hacer todo el proceso de identificación en menos de dos horas -hasta ahora eran seis horas-.
Podemos lo quiere todo de forma urgente en vigor. Para contar con una limitación del poder antidisturbios real de la Policía en el momento más delicado para ellos: la recta electoral.