El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dará la batalla para que el Gobierno de Pedro Sánchez escuche su voz ante la supresión del delito de la sedición.
El Ejecutivo de PSOE y Podemos presentó hace dos semanas su proposición de Ley orgánica que plantea derogar el artículo 544 del Código Penal sobre el delito de sedición y modifica el artículo 557 para crear lo que el propio Sánchez denominaba "desórdenes públicos agravados". Al ser proposición de Ley y no proyecto de Ley, el Ejecutivo esquiva los informes preceptivos, pero no vinculantes de los órganos consultivos como el propio CGPJ o el Consejo de Estado.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "el sector conservador del Consejo exigirá al Ejecutivo que se tramite la supresión de la sedición como proyecto de Ley ya que así el Gobierno tendría que escuchar su criterio plasmado a través de un informe, ya que se pretende reformar el Código Penal". Este jueves el CGPJ se reúne en Pleno.
"Hay que poner en valor el papel del Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de sus competencias. Que el Gobierno recurra a atajos tramitando la supresión de la sedición como proposición de Ley para evitar criterio del CGPJ no es serio. En una democracia seria deben existir contrapesos al poder. En este caso, el Consejo es el contrapeso al Gobierno que debe ser escuchado", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD no descartan plantear que "el CGPJ elabore su respectivo informe de forma independiente, aunque el Ejecutivo de Sánchez tramite la eliminación de la sedición como proposición de Ley y no lo solicite". En este contexto, 10 vocales tendrían que votar a favor de elaborar el informe. No obstante, previsiblemente 8 conservadores avalarían esta iniciativa, aunque los también vocales conservadores Wenceslao Olea y Vicente Guilarte votarían en contra junto a los vocales izquierdistas".
El CGPJ ya pidió al Gobierno el año pasado ser escuchado cuando el Ejecutivo llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impedía al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos cuando su mandato haya caducado. En el último año y medio, los informes del CGPJ han dejado en evidencia y han denunciado los disparates jurídicos de la Ley del 'sólo sí es sí', la Ley trans y la Ley de protección animal. Por ello, el Ejecutivo reniega de sus informes.
Recordamos que el texto del Gobierno para definir el delito de desórdenes públicos agravados tras suprimir la sedición señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
Además, la proposición de Ley añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años".
Los vocales izquierdistas "no quieren negociar" sobre el TC
Mientras tanto, la comisión negociadora del CGPJ continúa sus reuniones con el objetivo de elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Gobierno de los jueces en esta renovación. Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que durante la reunión celebrada este miércoles los representantes de los vocales izquierdistas "se han opuesto al método de selección para elegir a los dos magistrados del Constitucional de forma consensuada".
"Han insistido en su candidato, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, y no quieren negociar el nombre de los dos candidatos tal y como pretendía el sector conservador para terminar con el intercambio de cromos. En el sector conservador no se quieren imposiciones, ni vetos, sólo se quiere negociar", añaden. Recordamos que el magistrado Bandrés es considerado el "candidato favorito del Gobierno" y por ello, los vocales conservadores consideran que no reúne los requisitos de idoneidad e imparcialidad para convertirse en magistrado del Tribunal de Garantías.
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