El Ayuntamiento de Barcelona ha expedientado a tres promotores inmobiliarios que operan en el distrito del Ensanche por no destinar el 30% de sus inmuebles a vivienda social. La administración de Ada Colau les acusa de incumplir la normativa y de no haber solicitado los permisos de rehabilitación para no verse obligados a la cesión de las viviendas al parque de pisos de protección oficial.
Según la versión del Ayuntamiento, estos tres promotores tramitaron obras menores en lo que en realidad era la rehabilitación integral de las fincas. Habrían pretendido así sortear la obligación de destinar el 30% de los pisos a vivienda social. Las operaciones afectadas son una promoción de 12 pisos en la calle Comte Borrell, otra de 15 en la calle Castillejos y una tercera de 13 en la calle Muntaner. En la primera y tercera promoción deberían haber entregado tres viviendas protegidas y cuatro el de la segunda.
El Ayuntamiento asegura que "en todos los casos se han tramitado sucesivos enterados de obras en lugar de solicitar la licencia pertinente, que solo se habría concedido en caso de que la solicitud hubiera previsto la reserva de VPO". Se escuda en la ley 18/2007 "establece que el incumplimiento de la destinación a la promoción de viviendas protegidas en las reservas previstas en el planeamiento urbanístico (en este caso, el 30 %) es una infracción muy grave, con sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros". En estos tres casos, el Ayuntamiento considera que la infracción supone unas multas de entre 400.000 y 600.000 euros, en función de la superficie construida.
Ofensiva municipal
La administración municipal ha explicado además que estos tres casos "son los primeros de una serie de diecisiete incumplimientos que han detectado los equipos de inspección municipales, que hacen ascender a setenta las viviendas de protección oficial no aportadas a la ciudad". A los que habrá que sumar otros seis expedientes sancionadores.
El Ayuntamiento se jacta de que "la inspección y la advertencia municipal ha servido para que en dos de los diecisiete casos los promotores inicien la tramitación de licencia de gran rehabilitación y el ofrecimiento de las viviendas en régimen de protección oficial correspondiente. En cuanto al resto, una vez analizados y estudiados por la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, derivarán, si procede, en nuevos expedientes sancionadores".