El PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para fortalecer "la independencia judicial" con mayores requisitos para acceder a la cúpula judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, según informa El Mundo. El texto se registró el 30 de diciembre y ha sido elaborado por Cuca Gamarra y Esteban González Pons.
Propone que los 12 vocales sean elegidos mediante el voto directo de todos los jueces, que podrían votar a un máximo de seis candidatos en una lista abierta. Los que tuvieran más apoyos serían los miembros del CGPJ. El nuevo modelo evitaría que los jueces metidos a políticos puedan volver a los juzgados antes de dos años.
Los 12 vocales del turno de jueces se elegirían por y entre todos los jueces y magistrados en servicio activo. La circunscripción electoral sería única para toda España. Habría tres categorías de voto: dos vocales serían obligatoriamente magistrados del Supremo, tres serían magistrados con antigüedad de más de 25 años y habría siete jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Uno de los dos vocales magistrados del Supremo sería el vicepresidente del CGPJ, según la propuesta del PP.
La votación deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo. De hecho, el inicio de los trámites de renovación del CGPJ se ampliaría en dos meses: de cuatro a seis meses antes de que los vocales cumplan cinco años en el cargo.
En la papeleta, los jueces marcarán un máximo de seis nombres de una única lista abierta en la que aparecerán, por orden alfabético, todos los candidatos y en la que se especificaría la categoría profesional y dónde trabaja cada uno de ellos. Los candidatos deberán presentar 25 avales de jueces o el aval de una asociación judicial.
El texto incluye una cláusula para evitar que el voto de las asociaciones acaben imponiendo una mayoría de afines: que en un reglamento se especifiquen "las medidas necesarias para garantizar la mayor proporcionalidad en la representación entre miembros asociados y no asociados de la carrera judicial", así como "la presencia equilibrada de hombres y mujeres".
La proposición establece una serie de requisitos comunes para los 20 vocales. El primero, no haber ejercido un cargo político en los últimos cinco años. Ni en un gobierno -nacional, regional o local-, ni como parlamentario, ni como "cargo orgánico en un partido u organización sindical". Y, a la vuelta a la carrera judicial, deberían estar dos años sin poner sentencias, prestando "sus servicios especiales en las plazas de carácter gubernativo que les adjudique la Comisión Permanente del CGPJ". Para eso, el CGPJ deberá aprobar un reglamento.
Los ocho vocales del turno de juristas deberán acreditar más de 15 años de experiencia y acompañar una memoria de méritos y objetivos, en sus comparecencias parlamentarias. El Senado elegiría a cuatro y el Congreso, a otros tantos. El PP propone que las Cámaras elijan ahora un suplente para cada uno de los ocho vocales del turno de juristas.
La proposición incluye que si el PSOE y el PP no se pusieran de acuerdo para renovar los 8 vocales del Congreso y el Senado. En ese caso, el Consejo se podrá constituir con los 12 vocales elegidos por los jueces, manteniendo en el cargo a los ocho salientes hasta que las Cámaras aprueben a sus sustitutos. En ese caso, incluso se podría elegir al nuevo presidente, transcurridos 30 días desde la constitución del nuevo CGPJ. Además, el PP incluye una acotación: "El nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo" no supondrá en ningún caso "la ampliación de la duración de su cargo más allá de los cinco años de mandato".
La propuesta cambia también los criterios para la provisión de plazas en los tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo, reforzando la experiencia requerida a 15 y 20 años, respectivamente. Asimismo, si se aprobase esta proposición, se reforzaría la mayoría para los nombramientos de presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes de los TSJ y de sus salas, el magistrado del TS para el CNI y los los presidentes de las audiencias provinciales, entre otros. Todos ellos requerirían el apoyo de tres quintos del CGPJ.