El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido desarmar con la Presidencia de Enriqueta Chicano la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Tal y como avanzó Libertad Digital, ERC exigió al Ejecutivo desactivar el tribunal a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado a finales de 2021. El PSOE pactó entonces con el PP que lideraba Pablo Casado renovar los órganos constitucionales, entre ellos, el Tribunal de Cuentas. El pacto supuso la marcha de 10 de los 12 consejeros. Salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación y se mantuvieron sólo dos consejeras propuestas por el PSOE Dolores Genaro y Chicano, que ascendió a presidenta.
Según datos del propio Tribunal de Cuentas, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la actividad fiscalizadora del tribunal ha caído en picado tras la llegada de Chicano a la Presidencia. Antes de la renovación, la institución aprobó 47 informes anuales en 2018, 50 en 2019 y 55 en el 2020. En el 2021, año en el que se produjo la renovación, se aprobaron 34 informes, aunque el 60% de ellos habían sido efectuados por el tribunal saliente.
El 2022, primer año de Presidencia completa de Chicano, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un total de 35 informes, aunque de ellos aproximadamente la mitad fueron también realizados por el Pleno anterior. Es decir, se ha pasado de 55 informes en el 2020 a apenas 17 en el 2022. También se ha visto beneficiada por esta inactividad, la macrocausa de corrupción socialista de los ERE de Andalucía.
Fuentes del tribunal consultadas por LD destacan que "esta reducción drástica del número de informes elaborados y aprobados por el Tribunal de Cuentas no está directamente relacionado con un menor trabajo de los actuales consejeros, aunque algunos de ellos apenas tienen experiencia y conocimientos, sino con una estrategia perfectamente diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ejecutada por Enriqueta Chicano".
"El objetivo era desarmar el tribunal para evitar las sanciones a los golpistas del 1-O y para no molestar al Ejecutivo socialista con otras actividades fiscalizadoras sobre los fondos destinados a la pandemia del covid-19 o el reparto de los fondos europeos. Lo han conseguido y hoy en día, el Tribunal de Cuentas no incomoda al Gobierno y ha reducido sensiblemente su actividad fiscalizadora. Se dedica a inaugurar estaciones de metro temáticas", concluyen.
Recordamos que tal y como desveló este diario, Chicano nada más llegar a la Presidencia realizó una "purga" en el tribunal con más de 70 ceses en pocas semanas, tras el pacto de renovación alcanzado el pasado mes de noviembre entre socialistas y populares. Chicano reestructuró el tribunal para "ponerlo al servicio del PSOE" y desde noviembre de 2021 cesó a un 10% de la plantilla, principalmente a los auditores y letrados encargados de las fiscalizaciones.
Los funcionarios más afectados por la purga fueron los de los Cuerpos de otras Administraciones que trabajan en el Tribunal de Cuentas. Algunos departamentos fueron reestructurados al 90% y se ha eliminado uno, pasando de 7 a 6 con el objetivo de concentrar todo el poder.
El nuevo Tribunal de Cuentas con el 1-O
El Tribunal de Cuentas desmanteló la causa del 1-O en febrero del año pasado tras corregir su decisión inicial y admitir los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para cubrir las responsabilidades de los golpistas que alcanzaban los 5,4 millones de euros por el referéndum ilegal y la denominada acción exterior.
Los excargos afectados por esta decisión, entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, evitaron de esta manera el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora anterior del tribunal pero que nunca llegó a ejecutarse.
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