Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha vuelto a pisar un juzgado en calidad de investigada. La dirigente de los comunes ha negado en esta ocasión que coaccionara o amenazara al fondo de inversión Vauras por su negativa a facilitar pisos de alquiler social a algunas de las familias desahuciadas del edificio conocido como "Bloc Llavors", en la calle Lleida de la capital catalana. La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso que la juez de instrucción no llegó a admitir a trámite.
Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando los Mossos, por orden judicial y al sexto intento, consiguieron desalojar un edificio okupado que había sido adquirido por el citado fondo Vauras. Tras el desalojo y según la denuncia de esa empresa, el Ayuntamiento les habría instado a facilitar viviendas en régimen de alquiler social a algunos de los desalojados que según la administración local constituían familias vulnerables con derecho a dichos alquileres según la ley catalana de vivienda, anulada con posterioridad por el Tribunal Constitucional.
El fondo Vauras se negó a ceder a las pretensiones del equipo de gobierno de Colau, que habría amenazado con no conceder licencias de obras a la compañía y que además le impuso una serie de multas por un importe total de 400.000 euros por supuestas vulneraciones de la ley catalana de vivienda. Tras la anulación del Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento devolvió inmediatamente el dinero recaudado.
En las gestiones del Ayuntamiento con Vauras habrían participado la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, que declararon por estos mismos hechos el pasado viernes.
Breve interrogatorio
A preguntas de la juez y en un breve interrogatorio que sólo ha durado quince minutos, Colau ha negado que coaccionara o amenazara a la empresa y ha subrayado que tiene delegadas las competencias en materia de urbanismo y sanciones. La juez ha corroborado que en ninguno de los expedientes que constan sobre el caso figura la firma de la alcaldesa.
En primera instancia, el juzgado no admitió a trámite la denuncia aduciendo falta de pruebas y rigor, pero la Audiencia de Barcelona dio la razón a los querellantes y el caso se tuvo que reabrir en abril del año pasado.
Paseíllo triunfal
A diferencia de la vez anterior, Colau ha accedido al juzgado por la puerta principal, "escoltada" por sus dos abogados, Olga Tubau (que defendió a Trapero en la Audiencia Nacional) y Àlex Solá (uno de los letrados de Jordi Cuixart en el juicio en el Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista), así como por el concejal Marc Serra. Además, ha saludado y ha sido ovacionada por un centenar de personas congregadas a tal efecto con pancartas en contra de los denominados "fondos buitres".
Cuando se citó a declarar a Colau por este caso, la alcaldesa se mostró muy segura de sí misma, aseguró que la denuncia no tenía recorrido y que "estamos más convencidos que nunca de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por eso algunos intereses muy poderosos reaccionan a base de querellas, pero querellas que ya nos estamos acostumbrando a que se archiven una tras otra y si pretendían asustarnos consiguen todo lo contrario. Estamos más motivadas que nunca para aplicar la legislación que defiende el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas".
En esa misma comparecencia, el concejal Marc Serra desvinculó a Colau de todas las gestiones en materia de vivienda y urbanismo, así como de los contactos de la administración municipal con los responsables del fondo Vauras.
A falta de dos meses y medio para las elecciones municipales, este no es el único frente judicial que tiene abierto la alcaldesa de Barcelona, investigada en otro juzgado de la Ciudad Condal por las subvenciones a entidades afines. Como en el asunto del fondo de inversión, Colau niega toda responsabilidad con el mismo argumento, que no participa en el reparto de fondos municipales. En este caso se le acusa de prevaricación, el mismo cargo más el añadido de coacciones en el caso de las multas al fondo de inversión.