El pasado octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Democrática. Un día después entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se abría así una nueva posibilidad de que ciudadanos con raíces españolas cuyas familias abandonaron el país durante la Guerra Civil y los años posteriores a la contienda bélica pudieran acceder a la nacionalidad española.
La ley abre tres posibilidades. La primera, a "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española". La segunda, a "los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978".
La tercera y última vía, para "los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 ( Ley de Memoria Histórica de Zapatero) por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".
Esta ley da dos años, desde su entrada en vigor, para que todas las personas que se pueden acoger a la nacionalización realicen los trámites, aunque deja la posibilidad de que el Consejo de Ministros prorrogue el tiempo por un año más. Sin dotación presupuestaria ni refuerzo de personal en los consulados, especialmente de Hispanoamérica, ha provocado un serio colapso en la delegaciones diplomática, que han recibido decenas de miles de solicitudes.
En las últimas semanas, después de que sindicatos como CSIF, UGT o CCOO hayan denunciado los problemas de los trabajadores consulares para tramitar estas solicitudes, el Ministerio de Exteriores se ha puesto manos a la obra para contratar nuevo personal. El departamento de José Manuel Albares ha pedido al Ministerio de Hacienda una partida de gasto extraordinaria que le permita contratar a 610 trabajadores más.
La realidad es que, mientras los sindicatos han hablado de miles de solicitudes, el Gobierno no está siendo transparente con el número de nuevos españoles que, como nuevo derecho, formarán parte del censo electoral que votará en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Se trataría de aquellos que presentaron los papeles justo después de la aprobación de la ley y que su nacionalización ha sido aceptada antes del 1 de febrero, cuando se actualizó el censo para el 28-M.
"En estos momentos se está terminando de recabar y consolidar los datos de expedientes recibidos y tramitados en los registros civiles consulares a 31 de diciembre de 2022", contestó el Ejecutivo al PP el pasado 23 de febrero a una pregunta parlamentaria presentada por seis diputados del PP, que estaban encabezados por José Antonio Bermúdez de Castro. Los datos sobre el número de nietos recién nacionalizados de los republicanos exiliados serán votantes es, de momento, una sorpresa.
Por otro lado, algo similar es previsible que pase con las elecciones generales que se tienen que celebrar a finales de este año 2023, ya sea en noviembre o en diciembre. En ese caso el censo electoral se cerraría también prácticamente tres meses antes de la cita electoral y también podrían depositar su voto, ejerciendo uno de sus nuevos derechos como nacionales, todos aquellos a los que la burocracia española dado una respuesta afirmativa a su solicitud y ya sean españoles.
Si el Ministerio de Hacienda da el beneplácito a Albares para la contratación de nuevo personal, lo lógico es que las respuestas a los expedientes se agilizasen rápidamente. Esos nuevos españoles podrían aumentar el censo y no se sabría en qué cantidad, si en apenas unos centenares, unos millares o, incluso, en decenas de miles. No en vano, más de 400.000 personas consiguieron la nacionalidad en el proceso similar que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras la aprobación de su Ley de Memoria Histórica.