No hay delito. Ni calumnias, ni injurias ni delito de odio. La Generalidad de Cataluña acusaba a Pablo Casado, el exlíder del PP, por haber comentado en un mitin que algunos profesores tenían instrucciones para no dejar ir al baño a los niños si lo pedían en español. O que a otros en el País Vasco les habían metido piedras en la mochila como escarmiento por hablar en español. Corría diciembre de 2021, Casado estaba en un mitin en Galicia y hablaba sobre el caso del niño de Canet sometido a señalamientos y amenazas y a un auténtico linchamiento en redes del separatismo por haber logrado su familia la sentencia del 25% de español en la enseñanza catalana.
La Generalidad no dudó en presentar una querella contra Casado que ha acabado archivada. El magistrado Santiago García, titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, considera que las palabras de Casado están amparadas en la libertad de expresión, son plenamente constitucionales y están sustentadas por diversas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según el juez, "no sólo se tienen que permitir las críticas inofensivas o indiferentes, sino también las que puedan molestar, inquietar o disgustar".
Además, sostiene que no caben calumnias, injurias ni delito de odio porque "se trata de un debate político entre personas y que afecta aspectos públicos y no privados de la vida". El magistrado añade que por "desacertados y rechazables" que sean los comentarios de Casado, priman los derechos fundamentales de expresión y de opinión.
La Generalidad sostenía que Casado incitaba al odio contra los profesores de Cataluña mientras que el exdirigente del PP argumentó que en el mitin, de diciembre de 2021, aludía al linchamiento que estaba sufriendo la familia y el niño de Canet de Mar por haber logrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana.
Tras esa polémica la Generalidad logró burlar la aplicación del fallo y finalmente llevar el asunto al Tribunal Constitucional mientras con el apoyo del PSC reforzaba el aparato legal del sistema lingüístico en la enseñanza en Cataluña.