El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, también en funciones, y líder de la coalición de extrema izquierda Sumar, Yolanda Díaz, tratan de contentar a sus socios separatistas para poder afianzar una mayoría de cara a una futura investidura si fracasa la del ganador de las elecciones generales del 23J y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prevista para los días 26 y 27 de septiembre.
Uno de los requisitos para recabar el apoyo de las formaciones independentistas catalanas Junts per Catalunya y ERC es que estos partidos tengan grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Para ello el PSOE va a ceder cuatro actas de las 121 que tiene a la formación del golpista fugado Carles Puigdemont y Sumar hará lo propio con dos actas a ERC. Según el reglamento del Congreso los partidos que cuenten con más de 15 escaños o que con un mínimo de 5 superen el 5% de los votos en toda España o el 15% en las circunscripciones en las que se han presentado pueden formar grupos propios.
Tras las elecciones del 23J PP, PSOE, Vox y Sumar pueden acogerse al primero de los requisitos y otras formaciones como Bildu o el PNV al segundo. Sin embargo los partidos separatistas catalanes no lo cumplen porque aunque superan los cinco diputados del segundo supuestos no llegan al 15% que exige la norma en algunas de las circunscripciones de Cataluña. PSOE y Sumar han prestado esos diputados necesarios para ayudar a los separatistas a tener sus grupos retorciendo el reglamento ya que se ignora el resultado en las cuatro provincias catalanas y se considera a toda la región como una única circunscripción.Para comentar esta cesión de la izquierda a las formaciones golpistas del 1-O ha intervenido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Manuel Fernández-Fontecha, letrado de las Cortes y exletrado del Tribunal Constitucional.
Un "conflicto" normativo
Fernández-Fontecha ha explicado que "las condiciones" para ese préstamos de diputados para conformar grupos parlamentarios "están reguladas en el reglamento del Congreso de los Diputados" y que "no hay una alusión directa en la Constitución, más bien indirecta". Ha contado que "son los artículos 23 y 24 los que regulan la materia" y que "la cuestión deriva en que el artículo 23 tiene una regla general y una excepción y de ahí vienen muchos de los problemas que se plantean". "Esto está originalmente aprobado en 1982 y la regla general es que se necesitan 15 diputados. Pero la regla general viene seguida por una regla especial que dice que se pueden constituir grupos parlamentarios de una o varias formaciones políticas que aunque no tengan los 15 hubiesen obtenido un número de escaños menos a 5 y al menos el 15% correspondiente a aquéllas circunscripciones en que se hubiesen presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación. El conflicto viene entre la incompatibilidad de una regla general y una regla que la excepciona", ha argumentado el letrado de las Cortes.
El experto ha señalado que "es cierto que existe un precedente que va cambiando en el tiempo, pero lo que ocurre en que dentro de lo que es un precedente, una práctica o incluso si adquiere el carácter de costumbre parlamentaria las modificaciones son de mayor grado de libertad que cuando se trata de una norma fija". Por eso advierte que "la cuestión es que el artículo 23 dice lo que dice; a continuación se ha recurrido a una práctica mal llamada de préstamo porque es una figura jurídicamente inadecuada".
Fernández-Fontecha ha remarcado que "en este caso lo que se ha producido es una modulación de los requisitos en función del acuerdo que se vaya adoptando. Esto no facilita las cosas, porque lo que abre es una vía a una actuación que en derecho se llama discrecional, en el sentido de que no es la norma la que fija concretamente los requisitos sino que estos van cambiando por el criterio de la Mesa del Congreso de los Diputados". Para el letrado de las Cortes "el problema de la discrecionalidad siempre es que se produzcan cambios no justificados que sean calificables como arbitrarios. No se trata de decisiones políticas sino que es discrecional. Lo que pasa que éstas tienen límites, están limitadas por principios y un principio esencial es la estabilidad de la práctica y, sobre todo, la igualdad".
¿Un recurso para intentar frenarlo?
Sobre la posibilidad de impedir que se consolide la cesión y Junts y ERC tengan grupos parlamentarios propios Manuel Fernández-Fontecha ha explicado que "el reglamento del Congreso prevé la posibilidad de que una decisión de la Mesa sea recurrida en lo que se llama una reconsideración o recurso especial de reconsideración para agotar la vía parlamentaria antes de recurrir al Tribunal Constitucional", controlado por el socialista Cándido Conde-Pumpido y su mayoría llamada progresista. El letrado de las Cortes ha dicho que "en el caso de que no hubiera acuerdo respecto a la legalidad un grupo parlamentario podría impugnar el acuerdo de la Mesa una vez que se le notifique y después el amparo del Tribunal Constitucional, esta sería la vía".
"Siempre lo más prudente es el agotamiento del recurso, aunque también ha causado muchos problemas, ir por la vía de pedir a la Mesa una modificación de criterio", ha indicado Fernández-Fontecha. Cree que "es lo seguro porque es más garantista tanto para uno como para otros" y ha advertido de que "el no recurrir a esta vía puede llevar a que en el Tribunal Constitucional se interponga un recurso de amparo y se declare que no se ha cumplido la vía que es una causa que excepciona la admisión".