Junts, el partido de Carles Puigdemont, y ERC, la formación de Oriol Junqueras, votarán su propia "autoamnistía" por el golpe del 1-O.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian "la aberración que supone para el Estado de derecho que los partidos que participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 vayan a votar ahora la ‘autoamnistía’ de sus propios dirigentes". Todo ello, gracias a la Ley que tendría que elaborar Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de Puigdemont y ser investido, y que tendría que ser votada en el Congreso de los Diputados y el Senado.
La amnistía tendría que tramitarse como una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía o el Consejo de Estado. Previsiblemente, se haría por la vía rápida y podría estar lista en un mes, a pesar de que el PP consiguiera frenarla durante unos días en el Senado.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "tras los indultos y la eliminación de la sedición en el Código Penal por parte del Ejecutivo, en la causa principal del 1-O que se tramita en el Tribunal Supremo sólo quedaría vigente el delito de malversación".
"Hay que esperar a leer la Ley, pero de inicio se plantean muchas incógnitas jurídicas al respecto. ¿El Gobierno amnistiaría a todos los malversadores de un periodo temporal concreto? ¿Se delimitaría la amnistía de la malversación de forma temática sólo a las causa relacionadas con el golpe? O bien, ¿se amnistiarían todos los delitos relacionados con el 1-O? No existe una Ley que regule cómo deben elaborarse las amnistías en España y el Gobierno aprovechará ese vacío legal", concluyen.
En teoría una eventual amnistía de los sucesos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría eliminar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al exvicepresidente catalán Junqueras y otros once líderes golpistas, y por los que el Supremo aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.
Mientras tanto, este jueves está previsto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo resuelva los recursos presentados por Vox y Ciudadanos contra el indulto que concedió el Gobierno de Sánchez a los Jordis, es decir, al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
"Un proceso constituyente de facto"
Tal y como publicó este diario, los jueces y fiscales del Tribunal Supremo coinciden en su diagnóstico ante la posible Ley de amnistía: "El Gobierno va a elaborar la Ley de amnistía. Es algo que se da por hecho y se espera conociendo a Pedro Sánchez. Es un proceso constituyente de facto, un cambio de régimen. Tendría que ser una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el CGPJ o la Fiscalía".
Tanto jueces como fiscales comparten además su enorme preocupación por el panorama judicial que les espera cuando Sánchez ceda a las exigencias de Puigdemont: "Se pretende expropiar a los jueces la capacidad de juzgar. El objetivo es hacer desaparecer la inhabilitación a los golpistas para que puedan volver a presentarse a las elecciones y que Puigdemont regrese a Cataluña. La amnistía no cabe en la Constitución, sería necesaria una reforma. Es absurdo el argumento según el cual lo que no está prohibido en la Carta Magna, está permitido. El Ejecutivo tiene mayoría para volver a hacer una reforma en el Código Penal como cuando eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación, pero no tiene mayoría para reformar la Constitución".
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