Los agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Vía Laietana, en el centro de Barcelona, se encontraron el pasado viernes con una sorpresa iniciativa del Ayuntamiento. Todo ello, dos días antes de que decenas de personas lanzaran basura y objetos contra la fachada de la comisaría.
Lo que aparentemente eran unas obras en la calzada de la comisaría, resultó ser un nuevo símbolo de hostigamiento frente a uno de los puntos más conflictivos del 1-0 y de los días posteriores a la sentencia. Ahora, frente a la puerta de la comisaría hay unos adoquines en los que se puede leer "Memoria, Reparación, Dignidad y Justicia".
"Es una forma más de hostigamiento", apunta Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. "Es lamentable que el Ayuntamiento haya dado luz verde a esto". Sin embargo, es algo que lleva años fraguándose ya que es la respuesta ante la imposibilidad de, como querían, echar a los agentes de la comisaría para poder convertirla en un memorial y que además, ahora es una de las exigencias de ERC para dar su apoyo a la investidura de Sánchez.
Oposición de la Policía
En 2017, el Congreso aprobó la expulsión de los agentes de la sede de su Jefatura tras la propuesta de los republicanos. Y, en 2020, el PSOE de Pedro Sánchez abrió la puerta a iniciar el desalojo, del que los agentes se enteraron a través de un escrito de respuesta del Gobierno a preguntas de los nacionalistas.
La oposición de la Policía ha sido lo único que lo ha impedido hasta la fecha, al menos, de forma temporal porque la socialista, Rosa Alarcón, asegura que "se sigue viendo la manera de trasladar a la Policía a otro emplazamiento" pero que, mientras tanto, "esta iniciativa frente a la puerta es perfectamente compatible con la de que el número 43 de la Vía Laietana acoja ambas funciones, la de comisaría y la de memorial".
Instalación justo antes del 1-O
Con 45 agentes imputados, la Policía insiste además en lo simbólico de la fecha de instalación de estos adoquines, justo el viernes anterior al 1-O, poniendo en cuestión, la importancia que tiene que el emplazamiento "como una forma de hacer visible al Estado".
A todo esto hay que añadir que el pasado jueves, la Fiscalía se mostraba a favor de admitir a trámite la querella que un sindicalista presentó contra 6 policías nacionales por torturas en esta comisaría a principios de los 70.
El Ministerio público se justifica en un escrito explicando que no puede no aceptar la querella porque está obligado en base a la Ley de Memoria Democrática, que impone al Estado investigar cualquier denuncia en materia de Derechos Humanos producidas durante el franquismo y la Guerra Civil.