Perfil bajo en la presentación de la propuesta de ley de amnistía de Sumar, un borrador/dictamen que el negociador de Yolanda Díaz con Puigdemont, Jaume Asens, ha calificado de "punto de partida". Los toques de atención de socialistas e independentistas al afán de protagonismo de la vicepresidenta segunda han tenido efecto.
Lo que iba a ser la puesta de largo de la ley de amnistía se ha quedado en un acto más modesto. Díaz no ha hablado. Ada Colau se ha dejado ver, pero ha sido la primera en marcharse al acabar el acto. Por la parte independentista el personaje más destacado era Quim Forn, exconsejero de Interior condenado en el Tribunal Supremo e indultado por Pedro Sánchez. Forn milita en Junts, pero también es un alto cargo en Òmnium, de modo que en calidad de qué estaba en la presentación puede ser sujeto a interpretaciones. También estaba Enrique Santiago, Aina Vidal, Joan Mena y altos cargos de los "En comú podem", la parte catalana de la plataforma Sumar.
El alcance de la amnistía
El documento elaborado por cinco juristas afines a la izquierda ha sido sujeto de múltiples filtraciones y especulaciones. La última versión considera que la amnistía debe abarcar desde 2013 hasta agosto de 2023 y que afecta a los delitos contra la Administración pública, contra la Administración de Justicia, contra la Constitución y contra el orden público. También los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas. Y las infracciones de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o de los artículos 23 y 26 de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Es decir, la fabricación y tenencia de explosivos, el asalto a infraestructuras públicas, la obstrucción de servicios de emergencias, etc, etc. Es decir, todos los delitos y también los delitos violentos y de terrorismo por los que se acusa a efectivos de los Comités de Defensa de la República (CDR) o el asalto del aeropuerto de El Prat perpetrado por el Tsunami Democràtic.
El encargado de presentar la propuesta ha sido el catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha Nicolás García Rivas, coordinador de la "ponencia" y que ha dibujado a grandes trazos las líneas maestras de la ley de amnistía. La amnistía no sólo cabría en la Constitución sino que cualquier crítica que se haga al procedimiento es falaz, sostiene el mencionado García Rivas. También cree que la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que recortó algunos aspectos del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
"Toda la culpa fue del TC"
En esa línea de culpar al Tribunal Constitucional de 2010 y a los jueces habló también Jaume Asens, presentado como el autor de una suerte de "vía Asens" relacionada con los indultos y la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación. Lo primero que hizo fue asegurar que están abiertos a recibir aportaciones. Tras rebajar el calado del acto, ha atacado a los jueces, a los que acusa de querer suplantar la voluntad de los ciudadanos y ha asegurado que "el Tribunal Constitucional fue el origen del conflicto (por la sentencia del 'Estatut') y ahora formará parte de la solución", dando por sentado que el órgano que ahora preside Cándido Conde Pumpido aplicará el rodillo "progresista" para blanquear la ley de amnistía.
Asens ha cargado también contra el PP y Vox, a quienes ha calificado de "carcundia" y les ha criticado por estar en contra de "nuestra escola catalana".
Tras Asens han intervenido el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, el exletrado del TC Joaquín Urias, la abogada Mercè Claramunt, la catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán y la catedrática de Historia Rosa Lluch, hija del dirigente socialista asesinado por ETA Ernest Lluch.