
Bildu pisa el acelerador en la agenda separatista. Los proetarras quieren su Euskal Herria soñada y eso incluye la absorción de Navarra por el País Vasco. Tras las elecciones del 28-M intentaron quedase el Ayuntamiento de Pamplona por ser "la primera fuerza progresista", según ellos. Pero el PSOE no quiso jugarse las elecciones generales del 23-J dándoles su apoyo, y el Ayuntamiento quedó en manos de la ganadora de las elecciones, Cristina Ibarrola (UPN).
Ahora han pasado las elecciones, Bildu negocia los apoyos a Pedro Sánchez de cara a la investidura, y las cosas han cambiado. Y Bildu exige ya a Sánchez el ataque al Ayuntamiento de Pamplona para derrocar el constitucionalismo e imponer a Bildu al frente del consistorio.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha empezado a filtrar sus deseos de dar paso a una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona: el objetivo no es otro que el de que Joseba Asiron se convierta en alcalde de la capital navarra, todo un gesto de cara a su control de Navarra y a la expulsión del constitucionalismo.
Otegi ha deslizado, además, desde el País Vasco que las conversaciones con la líder del Gobierno de Navarra y PSOE-PSN, María Chivite, avanzan por buen camino. Y que uno de los objetivos es expulsar a UPN, tal y como ha ocurrido ya en organismos clave del control municipal.
Y es que hay que recordar que Bildu gana poder en Navarra día a día. Bien por medio de su propio partido, bien a través de personas supuestamente independientes que dependen de ellos y comparten sus consignas. El último caso ha sido el de la Mancomunidad de Pamplona, todo un epicentro de poder, influencia y presupuesto que gestiona desde la recogida de residuos domésticos, hasta el agua, las cuestiones ambientales, el parque fluvial de la comarca o la atención ciudadana. Y lo hace en los 50 municipios de la Comarca de Pamplona.
La presidencia de esta mancomunidad seguirá en manos del supuesto independiente David Campión, después de que EH Bildu, Independientes, Geroa Bai y Contigo (otra fuerza cercana a los postulados de Bildu y cuajada de antiguos políticos de EA, uno de los fundadores de Bildu) hayan alcanzado un acuerdo.
Ese acuerdo incluye desde la creación de un equipo de gobierno en el que participarán las tres fuerzas políticas y los independientes, que será, según su versión, abierto a todos los grupos que "tengan una visión constructiva y progresista de desarrollo de las líneas de este acuerdo programático" –es decir, ellos y los socialistas–, hasta un programa de mejora de los servicios de la mancomunidad. Pero la cuestión de fondo es que 32 de los 54 representantes municipales de la Asamblea General de la Mancomunidad permitirán este pacto con Bildu como gran impulsor.
¿Y cómo es posible ese control indirecto de Bildu? Pues porque el resto de fuerzas, incluido el PSN, se aliaron hace tiempo para sentar por primera vez a Campión en la Mancomunidad. Bildu, de hecho, sabe que su control de Navarra avanza gracias al PSOE. Y ha empezado a preparar el terreno para un plan que pretende activar una vez haya dado un paso previo: el de alcanzar el poder del Gobierno regional del País Vasco.
Los de Arnaldo Otegi saben que han obtenido más voto global que el PNV en las dos últimas contiendas electorales –el 28-M y el 23-J– y si consiguen arrebatar la presidencia vasca al PNV tienen claro que empezarán a trabajar para activar la denominada como Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española, un mecanismo que permite la absorción de Navarra por el País Vasco.
Para los proetarras sería el logro, al menos parcial, de su ansiada Euskal Herria. Para Navarra, el fin de su existencia como comunidad foral. La clave de esta última batalla –la clave de todo lo mencionado previamente– se centra en al Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Un punto que señala que "en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen".
Para aceptar la validez de dicha iniciativa "será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos". Y eso implica un control social por parte de los separatistas.

