Ciudadanos ha solicitado al Pleno del Tribunal Constitucional que investigue a su presidente Cándido Conde-Pumpido por colaborar con el Gobierno de Pedro Sánchez en la elaboración de la Ley de amnistía de los golpistas del 1-O. Una petición que realiza esta formación tras las informaciones desveladas en los últimos días por Libertad Digital.
En un escrito remitido al TC, al que ha tenido acceso LD, el diputado y presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, señala que "existen informaciones públicas que señalan que alguno de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional estaría asesorando en la elaboración de una proposición de Ley que presentarían a las Cortes Generales los grupos parlamentarios que apoyan al actual Gobierno de España con el objetivo de garantizar la impunidad jurídica (penal, civil, administrativa, constitucional y contable) de autoridades y otros ciudadanos que habrían cometido ilícitos, incluidos los penalmente más graves, para imponer, con derogación de la Constitución Española y la violación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles, la secesión forzada y unilateral de Cataluña del resto de España".
"El mero asesoramiento al Gobierno de España o los grupos parlamentarios que les dan apoyo sobre una cuestión así constituiría una flagrante violación de los principios de imparcialidad y dignidad inherentes al ejercicio de la función de magistrado del Tribunal Constitucional (art. 22 LOTC). Violación que no solamente constituiría causa de abstención en la deliberación de los asuntos sobre los que hubiesen asesorado, sino causa justificada de cese, no ya por dejar de atender con diligencia (imprudencia) los deberes del cargo, sino por violarlos intencionadamente (dolo) (art. 23 LOTC)", añade.
Según el escrito, "si, tal y como indican esas informaciones públicas, el objetivo de ese asesoramiento es una prevalidación de la constitucionalidad al margen de los procedimientos legales de una prospectiva norma cuyo contenido anunciado viola abierta y patentemente nuestra Constitución al derogar el principio/derecho a la igualdad entre ciudadanos al eximir toda consecuencia jurídica, incluidas las penales, solamente a aquellos que persigan, incluso delinquiendo, la secesión forzada de Cataluña del resto de España, esa violación de los deberes como magistrados afectaría gravemente a la dignidad, legitimidad e integridad del Tribunal Constitucional como máxima institución nacional encargada de velar por la vigencia de la Constitución (arts. 95, 153 y 161 de la Constitución Española), garantía última de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos (art. 53 de la Constitución Española)".
Carlos Carrizosa afirma que "la utilización de cauces ajenos a los previstos en la Ley constituiría un injustificado privilegio más propio del Antiguo Régimen que de un Estado Democrático y de Derecho como es España. Estado a cuya defensa, vigencia y garantía están especialmente llamados también los magistrados del Tribunal Constitucional. Es así, por mucho que el actual Gobierno de España o los grupos que le dan apoyo hayan podido promover su nombramiento como magistrados y por mucho que el Gobierno de España haya abdicado de su deber constitucional de defender nuestro Estado (art. 97 de la Constitución Española) y de actuar con cumplimiento y respeto al principio de legalidad (art.9.1 de la Constitución Española)".
El cese de los magistrados implicados
Ciudadanos destaca que "correspondiendo al Pleno del Tribunal Constitucional conocer del cese de los magistrados que hubiesen violado sus deberes legales (art. 23 LOTC), corresponde al Pleno y es una obligación constitucional y democrática indagar sobre la veracidad de las mencionadas informaciones públicas y adoptar las medidas legales correspondientes, entre las que estaría, en su caso, el cese de los magistrados que hubiesen violado intencionadamente esos deberes".
"Por todo ello, SOLICITO al Pleno del Tribunal Constitucional acuerde el inicio inmediato del correspondiente expediente indagatorio para comprobar la certeza y alcance de las posibles violaciones que podrían estar cometiendo o habrían cometido algunos de sus magistrados y, en su caso, acuerde el cese de los magistrados que hubiesen violado intencionadamente el principio de imparcialidad y dignidad inherente a esa autoridad", concluye.