La CUP, inmersa en un áspero debate interno sobre sus liderazgos y futuro político, intenta ocupar algo de plano en medio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que copan ERC y Junts. A tal efecto, ha presentado una moción en el parlamento catalán para elaborar una nueva ley de referéndum. Se trata, según el texto introducido por la formación en la cámara autonómica, de comprobar la veracidad de las apelaciones al diálogo del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. "La posibilidad de constituir esta ponencia redactora conjunta (para elaborar una nueva ley para un referéndum de autodeterminación) será la prueba básica de esta desjudicialización de la que tanto se habla en favor del diálogo político. Ha llegado la hora de hacer la pertinente comprobación", reza el texto presentado por los "cupaires".
La propuesta se basa en las conclusiones del "Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad", un grupo de expertos convocados por el presidente de la Generalidad y que recientemente ha emitido un informe en el que se concluye que un referéndum de autodeterminación "es una de las soluciones habitualmente propuestas y recomendadas internacionalmente cuando se formulan demandas de autodeterminación externas".
Según la CUP, "una vez conocido el contenido de este informe encargado por el Govern, es necesario que aquellos que ostentan la representación del país trabajen para dar la pertinente forma jurídica al contenido del documento académico, resituando de esta forma y de manera urgente el referéndum en la agenda política del Parlamento de Cataluña. (...) Es hora de que el debate científico sobre la resolución del conflicto salte al terreno político y la mejor manera de hacerlo es a través de la constitución de una ponencia redactora conjunta integrada por todos los grupos parlamentarios para elaborar una ley de despliegue básico del Estatuto, en este caso con la ley de referéndum de autodeterminación".
Reto al Tribunal Constitucional
La conformación de esta ponencia situaría al parlamento catalán en los meses previos al golpe de Estado de octubre de 2017, cuando las llamadas "leyes de desconexión" fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.
La propuesta de la CUP indica que la ley y el consiguiente referéndum se deberían llevar a cabo antes de que acabe la presente legislatura, en febrero de 2025. También señala que "hay que actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios y más allá de las restricciones impuestas por las instituciones políticas y judiciales del Estado".
La moción alega también "la necesidad de dirigirse, antes de que finalice el primer trimestre del año 2024, a las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para reclamar con urgencia una resolución democrática del conflicto basada en la autodeterminación y la amnistía".
La moción consta en el orden del día del pleno del Parlamento que arranca este martes y será votada el próximo jueves.