La mesa bilateral pactada por Pedro Sánchez con ERC tendrá mucho más poder del pensado inicialmente. De hecho, ese foro abordará el nivel de inversiones prometido y garantizado a Cataluña, pero también permitirá a los partidos con sus cúpulas condenadas por golpismo debatir el volumen de fondos central destinados al resto. Y Madrid tiene todas las papeletas para convertirse en la diana de los ataques de los separatistas.
Los equipos de trabajo del PP han descubierto más flecos legales de alta gravedad en el documento firmado entre el PSOE y ERC de cara al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
Ese documento señala que "Cataluña es uno de los principales motores económicos del Estado y la tercera comunidad que más recursos aporta al Estado por habitante situándose en el entorno de la media de financiación por habitante en relación con el resto de las CCAA dependiendo de los ejercicios liquidados". Afirma que "Cataluña es un contribuyente neto al sistema de financiación de acuerdo con el nivel de renta de sus ciudadanos y es necesario que a su vez reciba un nivel de financiación e inversiones suficientes".
Bajo esa premisa, el documento firmado y asumido por Pedro Sánchez recoge que "Cataluña ha sufrido un problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras que ha comportado que en términos de inversión real se encuentre por debajo del lugar que le correspondería en relación a sus necesidades reales". Madrid, por cierto es el principal aportante de fondos al sistema de solidaridad territorial y paga tres veces más que Cataluña.
A partir de ahí, el documento afirma que "el sistema de financiación autonómica en vigor fue diseñado para aplicarse en períodos de estabilidad económica, sin embargo, comenzó a aplicarse en plena crisis financiera, seguida de una crisis de deuda y sus secuelas, por lo que los recursos proporcionados a la Generalidad por el sistema tuvieron que ser completados por ésta acudiendo al endeudamiento, en gran parte con el propio Estado".
Y, con esa explicación, lanza la bomba pactada: "Constituir, durante el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalidad de Cataluña, sobre la base de los puntos identificados en el diagnóstico común y con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances sobre los siguientes apartados". Entre esos puntos figura "abordar jurídica y económicamente los puntos"; "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña"; y "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Pero, todo ello, significará evaluar todas las necesidades de inversión y gasto en el resto de territorios para hacer hueco a las exigencias de los separatistas. Con lo que esa mesa bilateral diseñará todo el esquema financiero del resto de territorios dentro de una economía que presenta sus cuentas, déficit, deuda, etc de forma conjunta ante la UE.