La exconsejera de Salud de ERC, Alba Vergés, en la actualidad vicepresidente del parlamento catalán, ha sido imputada de nuevo por un juez de Barcelona por ordenar que se retrasara la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña. El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, Fernando Luis Criado, ha emitido un auto en el que notifica a la exconsejera su condición de investigada y señala que han quedado "suficientemente acreditados" los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
La Consejería de Salud que en plena pandemia de covid dirigía Vergés decidió paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y priorizar la de los Mossos d'Esquadra, los diferentes cuerpos de Bomberos de Cataluña y las policías municipales. Según el auto del magistrado, "nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria", así como "irrazonable". La única explicación plausible para el juez son "los sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios que están integrados en cuerpos nacionales". La decisión, se apunta también en el auto, dejó a los agentes "en una clara situación de riesgo para su salud".
Dado que Vergés es aforada, el juez le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente antes de dar traslado de las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La decisión ha sido adoptada tras la entrega por parte de la defensa de otros dos imputados, la actual secretaria de Salud Pública de la Generalidad, Carmen Cabezas, y el exconsejero de Sanidad y en el momento de los hechos secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, de unos mensajes de WhatsApp en los que se recogen las instrucciones de Vergés para suspender la vacunación de policías nacionales y guardias civiles.
"La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional", "Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo", "Carmen, hablado con HC (honorable consejera) y SG (secretario general), no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65". Estos son algunos de los mensajes aportados a la causa por la penalista Olga Tubau (la misma que defendió en la Audiencia Nacional al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y que ahora se ocupa de la representación del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales) y que fueron remitidos al juzgado a raíz del testimonio del que fuera secretario general de la consejería de Salud, Marc Ramentol, quien atribuyó a Cabezas y Argimon la decisión de parar la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña. El juez ha decidido sacar de la causa a Carmen Cabezas, pero mantiene como investigado a Argimon.
Según ERC, "lawfare"
La imputación de Vergés supone para ERC un caso evidente de "lawfare" como los que el PSOE y sus socios independentistas pretenden que se contemplen en la ley de amnistía pactada para investir a Pedro Sánchez. En un comunicado emitido este jueves tras conocer la decisión del magistrado, el partido de Oriol Junqueras señala que la decisión es "injusta" y viene motivada "por la persecución ideológica contra dirigentes independentistas". También se dice que la suspensión de las vacunas para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se hizo "en aplicación de criterios técnicos y médicos".