Junts per Catalunya (JxCat) sostiene que la inclusión del término "lawfare" (guerra judicial) en el acuerdo suscrito con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez avala la amnistía para condenados y encausados vinculados al independentismo cuyos delitos nada tienen que ver con el "Procés", la consulta del 9-N de 2014 y el referéndum del 1-O de 2017.
El texto del pacto suscrito por los socialistas con el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), afirma que la ley de amnistía debe "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto '"lawfare" o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Para los negociadores de JxCat no hay duda de que la introducción de la "judicialización de la política" es un reconocimiento expreso por parte del PSOE de que jueces y fiscales persiguen por motivos ideológicos a dirigentes independentistas, activistas, personas identificadas con el movimiento independentistas o simples colaboradores, de tal modo que la ley de amnistía que se registrará en breve en el Congreso debe contemplar casos ajenos por completo al Procés y que se atribuyen al supuesto "lawfare" del Estado.
Entre esos expedientes judiciales destacan los que afectan, entre otras, a las siguientes personas:
Gonzalo Boye: Abogado de Puigdemont, Quim Torra, Laura Borràs y de otros destacados dirigentes y activistas separatistas. La Audiencia Nacional le investiga por tráfico de capitales del narcotráfico relacionado con uno de sus más famosos clientes, el traficante de drogas Sito Miñanco. Cabe recordar que Boye, de nacionalidad chilena, fue condenado en 1966 por colaboración en el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla, que permaneció ocho meses en poder de los terroristas. Se le impuso una condena de 14 años, ocho meses y un día de reclusión por detención ilegal. Fue absuelto del delito de pertenencia a banda armada. Cumplió seis años de cárcel. Boye es miembro del "Observatori Desca" (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), la plataforma que sirvió de lanzamiento de Ada Colau, Gerardo Pisarello y Jaume Asens. Junts per Catalunya pretende que sea exonerado por el caso del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
Laura Borràs: Presidenta de Junts per Catalunya y expresidenta del Parlamento de Cataluña. Condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación y falsedad documental en relación al fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. La sentencia, dictada en 2023, le impuso una condena de cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación, si bien los magistrados solicitaron en el fallo que fuera indultada. La defensa, ejercida por Boye, se basó en que Borràs era perseguida por los tribunales por su actividad política. Dirigentes de ERC afirmaron durante sus negociaciones con el PSOE para la ley de amnistía que se opondrían a la inclusión de Borràs entre los beneficiarios de la medida.
Josep Lluís Alay: En julio de 2018 fue nombrado responsable de la oficina del expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont en calidad de personal eventual de la administración autonómica a cargo de la consejería de Presidencia. "Las retribuciones de este puesto de trabajo son las correspondientes a un lugar de funcionario/a del grupo A, nivel de destino 30 y complemento específico de 60.454,32 euros anuales (con jornada y horario de dedicación especial)", según resolución del Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Encausado en el caso Voloh por haber mantenido reuniones con mafiosos, agentes de los servicios secretos rusos, políticos y personalidades del entorno de Putin. También está procesado por malversación y prevaricación por un viaje para observar el referéndum de Nueva Caledonia en calidad de responsable de la oficina de Puigdemont que sufraga la Generalidad, así como en el caso del Tsunami Democràtic que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Miquel Buch: Exconsejero de Interior de la Generalidad durante el gobierno de Quim Torra. Condenado a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por el TSJC por malversación de fondos públicos y prevaricación por haber nombrado asesor de su departamento al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escola, quien en realidad ejercía funciones de guardaespaldas de Puigdemont en Bélgica y en sus desplazamientos. En el juicio, celebrado en julio de este año, negó que contratara a Escolà para que hiciera de escolta del prófugo, alegó que desconocía que viajara con frecuencia a Waterloo (18 veces entre julio de 2018 y marzo de 2019), que no necesitaba saber las "coordenadas" de su asesor porque él no es un "negrero", que le daba igual que fuera a Bélgica "o a San Fermín con sus amigos" y que no pedía informes a Escolà sino notas y apuntes breves porque "no me gusta leer". También dijo que no sabía que Escolà publicara en las redes sociales fotos de sus visitas a Puigdemont porque tenía un equipo para gestionar sus cuentas y prefería mantenerse alejado de Twitter.
Lluís Escolà: Exsargento de los Mossos. Condenado a las mismas penas que Miquel Buch. Este mando de los Mossos fue quien organizó la fuga de Puigdemont, una acción que según el departamento de Asuntos Internos de la Policía Autonómico fue una "falta disciplinaria" por no avisar a sus superiores. Como "castigo" fue enviado a prestar servicio a una comisaría de Martorell entre noviembre de 2017 y julio de 2018, pero ni siquiera llegó a personarse en esas dependencias. Tras ser nombrado asesor de Buch, ejerció de escolta de Puigdemont. La vista de su caso contó con una intervención telemática del propio Puigdemont, quien aseguró que Escolà le acompañó en algunos viajes en calidad de "amigo" y porque es "un gran patriota". Según Escolà, los cargos corrían de su bolsillo, una aseveración inverosímil según la Fiscalía. Escolà obtuvo la baja de los Mossos en julio de 2019 por una lesión en la columna vertebral.
Xavier Vendrell: Exterrorista de la banda catalana Terra Lliure, consejero de Gobernación de la Generalidad por ERC durante el mandato de Pasqual Maragall. Vendrell ha construido un imperio empresarial en Colombia y ha obtenido la nacionalidad colombiana por un decreto exprés de su amigo Gustavo Petro, presidente de aquel país y quien antes de acceder a su actual cargo fue uno de los "observadores" internacionales pagados por la Generalidad golpista para seguir el referéndum del 1-O. Imputado por malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos es uno de los nombres que constan en los sumarios del caso Voloh de la Audiencia Nacional y en otro del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Se le investiga no sólo por su participación en actividades delictivas relacionadas con el "Procés", sino también por múltiples ilegalidades relativas a delitos económicos y urbanísticos vinculados a la llamada "Villa Bugatti", una gran propiedad en la localidad barcelonesa de Cabrera de Mar que en principio iba a ser destinada a centro educativo de niños con necesidades especiales pero en la que se organizaban toda clase de eventos y fiestas, bodas, banquetes, presentaciones, actividades empresariales y demás. Según la investigación, utilizaba sus contactos con personajes de ERC como Marta Rovira y el exconsejero de Enseñanza Josep González Cambray para sus negocios.
Víctor Terradellas: Detenido en 2018 acusado de desviar fondos de la Diputación de Barcelona hacia una entidad bajo su control. Investigado en el caso Voloh relativo a los contactos del entorno de Puigdemont con el régimen de Putin. En el sumario consta una intervención de su teléfono móvil de la que se derivó la información alusiva al supuesto ofrecimiento ruso de enviar a Cataluña tropas para afianzar el golpe de Estado separatista. Antiguo responsable de relaciones internacionales de la Convergencia de Jordi Pujol, contacto de referencia con el régimen de Putin, el expresidente prófugo trató de explotar sus contactos en Israel para que ese país apoyara el intento secesionista catalán. En mayo de 2022 declaró como imputado en el juzgado número 1 de Barcelona por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones relacionadas con CDC, entre ellas Catmon e Igman, administradas junto al diputado de JxCat Francesc de Dalmases, amigo de Laura Borràs. Terradellas fue el intermediario que organizó las visitas de "ciudadanos rusos" al palacio de la Generalidad para encontrarse con Puigdemont los días 24 y 26 de octubre de 2017.
La familia Pujol: Tras la conmoción causada en el independentismo por la confesión de Jordi Pujol sobre la fortuna familiar oculta en el extranjero, las fuerzas vivas del catalanismo comenzaron la restauración política y moral de la figura de quien ideara el plan "Catalunya 2000", documento en el que se establecen las bases de la llamada "construcción nacional" de la región. Gran parte de la restitución del patriarca del nacionalismo se funda en lo que el separatismo llama "Operación Cataluña", una serie de supuestos montajes alentados por el excomisario Villarejo, un personaje recurrente en los medios catalanes y que ha llegado a sugerir que los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 habían sido organizados por el Estado para desestabilizar Cataluña. La pretensión de que la amnistía abrace los casos de la familia Pujol se basa en que el origen del sumario de la Audiencia Nacional es esa "Operación Cataluña" organizada por las "cloacas del Estado" para descabezar al principal referente político del catalanismo.
Además de estos nombres y de otros que puedan surgir en el futuro, una vez tramitada y aprobada la ley de amnistía, el independentismo no acaba de ponerse de acuerdo sobre el número total de beneficiarios de la norma.
Según la organización Òmnium Cultural, 4.400 personas han sido represaliadas por el Estado por su condición de independentistas, pero la amnistía, siempre según sus cálculos, abrazaría a 1.432 condenados, encausados o pendientes de sentencia. Los números de Òmnium son estos: 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 35 pendientes del Tribunal de Cuentas, 387 con causa penal abierta y 880 sancionados administrativamente.
Del 2012 hasta el presente
La amnistía abarcaría desde el 1 de enero de 2012 hasta el momento de entrada en vigor de la ley y beneficiaría hasta a los miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional, los también acusados del mismo delito por el Tsunami Democràtic, los últimos cuatro detenidos por intentar boicotear la Vuelta Ciclista a España, los encausados de ERC por organizar el referéndum ilegal que están pendientes de juicio y a Artur Mas, Mas Colell, Junqueras y Puigdemont, más otros 31 a la espera de la vista en el Tribunal de Cuentas por malversación. Xavier Vendrell (de negocios en Colombia) y el editor Oriol Soler, acusados de montar el Tsunami Democràtic serían otros de los agraciados.
El expresidente de la Generalidad Quim Torra, inhabilitado por desobediencia, también formaría parte de ese selecto club, así como todos los funcionarios de la Generalidad que participaron en la difusión internacional de proceso separatista, responsables de medios públicos catalanes, los altos cargos que dieron curso a la tramitación del referéndum del 1-O, los alcaldes y concejales independentistas procesados por coacciones, disturbios, desobediencia y otros delitos, así como a todos los condenados o pendientes de sentencia por los actos violentos en las numerosas protestas separatistas de los últimos seis años.
La ley de amnistía rechazada en 2021
Parte de los cimientos de la ley de amnistía están contenidos en la "Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español" presentada en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2021 por los grupos de ERC, Junts, CUP y el ya extinto PDeCAT. La propuesta contó con la oposición de todos los demás grupos parlamentarios, incluido el del PSOE y ni siquiera fue admitida a trámite tras un informe de los letrados del Congreso, que apreciaron visos de inconstitucionalidad desde la primera hasta la última línea.
La exposición de motivos de aquella proposición ha sido recogida parcialmente en el acuerdo suscrito el pasado jueves por el PSOE y Junts. Así, aquel conato de ley asegura que "la sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, no fue deferente con un legislador tan singular como el de la reforma estatutaria catalana, truncando así la culminación normal del proceso de reforma, desactivando normativamente el texto del Estatuto de 2006, aprobado con un alto consenso político y refrendado por los ciudadanos en las urnas, desplazando así no sólo la vía parlamentaria pactada, sino también el diálogo político como método para resolver conflictos".
A continuación se añadía que "ante esta situación de conflicto entre las instituciones del Estado y la Generalitat, la sociedad catalana, a través de sus legítimos representantes, optó por reivindicar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales con el objetivo de decidir, de nuevo democráticamente, su futuro político. Por ello, el Parlamento de Cataluña acordó ir a una vía apta y prevista en el ordenamiento jurídico para conocer la opinión de la población, que, además de aclarar, también era conveniente en la fase de conformación de la voluntad previa al impulso de cualquier iniciativa política".
Relato compartido con el PSOE
También se apunta en la proposición que "la respuesta de las instituciones del Estado insistió en el proceso de judicialización complementando con otras medidas administrativas, especialmente desde el momento en que las instituciones de la Generalitat decidieron continuar con el objetivo de organizar un referéndum. En este punto, cabe mencionar el bloqueo de la inviolabilidad y la autonomía parlamentaria a través de todo tipo de acciones y recursos judiciales, a los que siguieron las detenciones y actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El referéndum se celebró finalmente el 1 de octubre de 2017 con la participación de más de dos millones de personas, pero fue respondido con la violencia policial ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre votantes indefensos, con grave afectación a los derechos humanos fundamentales".
El antecedente de Companys
Es decir, el relato que ha asumido el PSOE en su pacto con Junts. Además, uno de los referentes de aquella propuesta rechazada en su día por los socialistas era la amnistía concedida por el Gobierno de la República a los líderes golpistas catalanes, la norma ratificada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en 1936 a propósito del Decreto-Ley de 21 de febrero del mismo año.
En el texto de la proposición de los grupos independentistas de 2021 se afirmaba que "las concomitancias con la situación actual son evidentes ya que esta amnistía implicó, entre otros efectos, dejar sin efecto las penas de 30 años de prisión por los delitos de rebelión que el Tribunal de garantías constitucionales de la Segunda República había impuesto al Presidente de la Generalitat y a miembros de su Gobierno por los hechos del 6 de octubre de 1934".
La explicación de motivos del citado Decreto-Ley es lo suficientemente elocuente sobre el sentido de la amnistía, ya que la califica como "una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vía nacional, en la que todos los sectores políticos están interesados por igual".
Compensaciones económicas
Aparte de los antecedentes históricos, la ley que proponían los separatistas hace dos años contemplaba importantes compensaciones económicas para los amnistiados a las que el independentismo no ha renunciado en absoluto, por lo que es de prever que quedarán reflejados en la norma pactada con el PSOE.
Así, en la ley nonata de 2021 se hacía constar que "se devolverán las fianzas y abonos, las sanciones o multas de carácter económico serán devueltas junto con el interés legal del dinero, así como todo tipo de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de las mismas o afines, a petición de los interesados".
En el apartado dispositivo se concretaba: "Serán devueltas las fianzas y los abonos, sanciones o multas de carácter económico con el interés legal del dinero, a favor de las personas que las constituyeran, depositaran o liquidaran o a petición de las personas ejecutadas, así como se levantarán todo tipo de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de las mismas o de sus afines y a petición de los interesados".
Lo que no se contempló entonces fueron los casos sujetos al supuesto "lawfare" y que serán decididos, según el pacto entre el PSOE y Junts, en comisiones parlamentarias a lo largo de la legislatura.