Además de la amnistía, la persecución de los jueces y la autodeterminación, los negociadores socialistas y de Junts per Catalunya (JxCat) abordaron sustanciales aspectos económicos, como la condonación de la deuda autonómica catalana, la cesión del 100% de los impuestos y "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años", según consta en el pacto suscrito entre el PSOE y Junts.
En relación al regreso de las empresas que abandonaron la región durante el golpe de Estado separatista de otoño de 2017, el diario catalán La Vanguardia destaca que los negociadores de Junts pusieron sobre la mesa una propuesta legal para sancionar a las empresas catalanas que decidan mantener sus sedes sociales fuera de la comunidad autónoma. La intención de los separatistas sería limitar el acceso a ayudas, exenciones o medidas de apoyo público a quienes decidan no regresar tras el pacto de investidura.
Según Junts, su pretensión viene avalada por el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".
Los independentistas aluden también al decreto de medidas urgentes del Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 que permitió a las empresas cambiar su sede social sin convocar junta de accionistas. Pero no piden que se derogue precisamente para facilitar su regreso.
Las grandes empresas no se plantean volver
El 6 de octubre, en pleno apogeo del golpe encabezado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ahora socios de referencia junto a Bildu y PNV de Sánchez, miles de empresas y los dos grandes bancos catalanes anunciaron su intención de abandonar Cataluña, un movimiento que se conoció como el "viernes negro" en el "paraíso separatista".
A pesar de las peticiones de entidades como el Círculo de Economía catalán y de las exigencias y amenazas veladas de la Generalidad, las grandes empresas catalanas que trasladaron sus sedes no se plantean volver precisamente por la misma razón que abandonaron Cataluña, por la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. Así lo han deslizado las entidades financieras Banco de Sabadell, CaixaBank y compañías como Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins.