El recién nombrado Óscar Puente considera "lógico que se critiquen los cambios de posición", pero dice con desparpajo que hay que analizar si "esos cambios de posición tienen coherencia con el momento que se está viviendo", un argumento que vale para un roto y para un descosido, dado que el concepto "coherencia" es lo suficientemente impreciso como para que sirva para justificar cualquier decisión que se tome.
"A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación del Gobierno. Sin esta medida la investidura no habría sido posible", nos aclara Puente como descubriendo el Mediterráneo. Y aquí introduce el "pero pongamos un poco las luces largas" para tratar de justificar la medida en que no tomarla nos llevaría a un largo periodo de juicios, a la extradición de Puigdemont, a la tensión del año 2017 "o similar" y que "es mejor avanzar en el entendimiento" cerrando "este capítulo" para no encontrarnos con "el conflicto en medio del mandato".
Pero tras el "pero" reconoce sin ambages la verdadera motivación por la que el PSOE ha presentado la proposición de Ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Dice Óscar Puente: "Cuando se me pregunta: ¿si no hubierais necesitado esto para la investidura lo hubierais adoptado? Probablemente, no".
No es sino una reiteración de las palabras de Pedro Sánchez de que han tenido que "hacer de la necesidad —que no gobierne el PP— virtud". Evidentemente, si la amnistía era tan buena para España, no la habrían ocultado a los españoles en la campaña de las elecciones generales del 23-J, más aún cuando Santos Cerdán, interlocutor de Puigdemont en nombre de Pedro Sánchez, reconoció una vez elegido presidente que "la investidura nunca estuvo en peligro", porque llevaba negociando con Puigdemont desde mayo, o sea, desde antes de que los españoles fuesen llamados a las urnas. Mayor descaro en el engaño, imposible.