El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no se quiere abstener en el Pleno sobre la Ley de amnistía del 1-O porque no se fía de su vicepresidenta, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán.
La semana pasada, el también magistrado izquierdista y exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, anunciaba su intención de apartarse en dicha deliberación con el objetivo de intentar preservar "la imparcialidad" del Tribunal de Garantías. Una decisión que no gustó nada a Conde-Pumpido, ya que ahora se ha abierto la veda de otras posibles abstenciones en el sector izquierdista y los focos apuntan hacia él.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido ha mostrado internamente su desconfianza hacia su mano derecha, la vicepresidenta Montalbán. Concretamente, considera que esta magistrada posee un escaso perfil jurídico y muy poco carisma. Por ello, se niega a abstenerse porque teme que si él no lidera la deliberación sobre la amnistía, a Montalbán se le puede ir de las manos la votación durante el Pleno en el que se delibere sobre la Ley".
En estas últimas semanas, Conde-Pumpido ha afirmado además ante el bloque izquierdista del TC que no debe apartarse de la causa porque "la Ley de la amnistía no tiene relación con la causa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que instruyó el Supremo y que fue recurrida por los golpistas ante el propio Constitucional".
Tal y como publicó LD, Conde-Pumpido incurre ya en dos causas para abstenerse en la deliberación sobre la Ley de amnistía del 1-O. En primer lugar, Conde-Pumpido ha participado en los trabajos preparatorios para diseñar y redactar la Ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio de la investidura de Sánchez. Una labor que ha desarrollado en completo secreto, con absoluta discreción y de forma clandestina.
Según la doctrina del propio TC, Conde-Pumpido no podría participar en el dictamen sobre el recurso que presentara el PP contra la Ley. Dicha doctrina es denominada ‘doctrina Pérez Tremps’, en alusión al que fuera magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps que fue recusado en la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña. La razón fue que tres meses antes de acceder al Constitucional había firmado un contrato con la Generalidad catalana para asesorarla en la redacción del texto estatutario.
En segundo lugar, "Conde-Pumpido ya debía abstenerse previamente en todas las causas que lleguen al Constitucional relacionadas con el 1-O, incluida la Ley de la amnistía". De hecho, decidió apartarse de los recursos relacionados con el golpe en el 2021, después de que LD desvelase una intervención suya en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación cometidos por los golpistas.
Recordamos que la Ley de amnistía sobre el 1-O se retrasó en su presentación durante dos semanas porque faltaba el visto bueno final de Conde-Pumpido. La consigna dada en la mesa de negociación era que el texto no podía correr ningún riesgo en el TC y por ello, Junts y ERC aceptaron el retraso.
El 7 a 4 del Constitucional
En la actualidad, el Constitucional está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores. Con la abstención de Conde-Pumpido y Campo habría mayoría izquierdista de 5 magistrados izquierdistas frente a 4 conservadores.
No obstante, los populares podrían haber conseguido que la votación empatase 5 a 5, si el PP hubiera exigido al PSOE elegir en el Senado al magistrado que le correspondía designar durante la última renovación del Constitucional. Si los populares hubieran reclamado en su día a los socialistas el magistrado del Senado, esto hubiera obligado a la vicepresidenta izquierdista Montalbán a ejercer su voto de calidad para declarar constitucional la Ley de amnistía.
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