ERC quiere usar la denominada Operación Cataluña como arma arrojadiza con la que, por un lado, justificar el supuesto lawfare, y, por otro lado, pasar al linchamiento popular de jueces y policías. Y exige ya a Sánchez que se sume a la quema. Según los separatistas, parte de las actuaciones llevadas a cabo para investigar a quienes preparaban las bases del golpe separatista o a quienes han protagonizado –los Pujol– uno de los casos de corrupción de mayor cuantía de la historia forman parte de una operación oscura de ataque a sus cúpulas: un lawfare.
Y quieren que, tras aceptar el PSOE actuaciones para investigarlo en sede parlamentaria, empiece la fiesta con el impulso directo del Gobierno. Por eso, ERC quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, den cuentas en el Parlamento de su labor de depuración de los implicados en un asunto que ha sido rechazado en los tribunales en innumerables ocasiones.
ERC quiere coger cierta ventaja sobre Junts con el asunto de la supuesta Operación Cataluña. La historia es muy antigua. Y muy tumbada en los tribunales por la falta plena de pruebas. Pero los tiempos han cambiado, Pedro Sánchez está más a merced del separatismo que nunca, y los de Oriol Junqueras han vuelto con el tema a la vista de que la Fiscalía "depende", como dijo Sánchez, de sus exigencias y deseos.
Y en ese contexto ERC acaba de exigir una triple comparecencia: "Del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para dar cuenta de las actuaciones que ha emprendido desde el Ministerio en relación con la depuración de las denominadas 'cloacas de Interior’ desde que se concluyó su existencia, según conclusiones de sendas Comisiones de Investigación en el Congreso de los Diputados". Y, con la misma argumentación, del secretario de Estado para la Seguridad y del director adjunto de la Policía Nacional.
Y todo ello para seguir alimentando el relato de la Ley de amnistía y convertir a los jueces y policías en diana política y a los golpistas en supuestas víctimas.
Hay que recordar que todas esas acusaciones han sido ya rechazadas por los tribunales españoles. Y que el asalto a la Justicia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de investidura ha movilizado a las principales asociaciones judiciales, que han denunciado ya estos movimientos ante las instituciones europeas en busca de amparo por una situación que consideran inédita en democracia. Una de esas asociaciones es la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) cuya presidenta, la magistrada María Jesús del Barco, ha explicado ya que el pasado 5 de diciembre una delegación de juristas españoles acudió a Europa para "explicar la situación que tenemos en España".
Esta situación se resume en que "se haya hecho un pacto de investidura en el que se habla de una Ley de Amnistía que no tiene encaje en la Constitución y que vulnera dos principios esenciales: la igualdad de todos ante la Ley y rompe con la separación de poderes". Para la APM "es un ataque frontal contra el Estado de Derecho" que incluye "la creación de comisiones parlamentarias de investigación en las que se quiere revisar la actuación de los jueces".
Y hay que recordar igualmente que la propia vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha cargado ya, con nombres y apellidos, contra el juez García-Castellón por imputar a Carles Puigdemont por terrorismo, y que, previamente, la representante de Junts, Míriam Nogueras, hizo lo propio en sede parlamentaria pero ampliando el marcado a guardias civiles, periodistas y más jueces.