La Fiscalía se encuentra en alerta por la eventual entrega de las investigaciones penales al Ministerio Público que dirige actualmente Álvaro García Ortiz: "Apuntala la dictadura de Pedro Sánchez". Tal y como publicó LD, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pisado el acelerador para lograr este objetivo en los próximos meses.
El ministro de Justicia quiere presentar antes del verano en el Consejo de Ministros la propuesta para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicha propuesta, que podría llevar aparejada una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, supondría que los fiscales pasaran a dirigir la investigación de los procedimientos penales en sustitución de los actuales jueces de instrucción. García Ortiz ha convocado este mismo miércoles a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo al respecto.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "otorgar la dirección de las instrucciones penales a la Fiscalía ahora sería gravísimo y apuntalaría la dictadura de Sánchez. Provocaría la investigación y acusación penal de enemigos políticos y el archivo de los delitos de los amigos. Justo lo que está intentando hacer ahora el Ministerio Público bajo la dirección de García Ortiz, pero además sin el condicionante independiente del juez de instrucción".
Bolaños quiere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informe en este mes de abril sobre el anteproyecto de reforma de la LECrim que impulsó el que fuera ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo tras un intento frustrado anterior del exministro popular Rafael Catalá. El Consejo Fiscal ya informó hace dos años sobre el anteproyecto, pero éste se quedó parado. El posible cambio de modelo tampoco sentaría bien a los propios jueces de instrucción a los que habría que buscar nuevas funciones y recolocarlos. Además, la reforma haría imprescindible reforzar notablemente la plantilla de fiscales en toda España.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "aunque la medida es una reivindicación histórica de los propios fiscales, en el Ministerio Público consideran que bajo la batuta del actual fiscal general del Estado no se dan las condiciones, ni el contexto adecuado para llevarla a cabo en este momento".
"Antes de que se entregue la investigación penal a los fiscales, hacen falta realizar muchas reformas estructurales del Ministerio Público. Desde el Estatuto Fiscal a medidas para garantizar la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía frente al Gobierno de turno. Entre esas medidas, se tendría que dar más poder al Consejo Fiscal para ejercer de contrapeso al fiscal general del Estado", apuntan.
"También se tendría que dar más voz y voto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la elección del fiscal general. Por último, el mandato del máximo representante de la Fiscalía no tendría que cesar con el Gobierno y el periodo temporal tendría que exceder la legislatura de un Ejecutivo", concluyen.
Begoña Gómez, Koldo o el novio de Ayuso
Desde su nombramiento, el fiscal general del Estado ha protagonizado numerosas polémicas, que se han intensificado en los últimos meses. La Fiscalía acumula ya dos condenas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por decisiones suyas. En las últimas semanas el Ministerio Público desató la polémica por su papel en la investigación del delito de terrorismo al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democrátic y por la filtración de datos confidenciales sobre el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Cabe destacar que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido reactivar la reforma de la LECrim justo cuando el PSOE se ha visto salpicado por numerosos escándalos de corrupción como el caso Koldo o el de la propia esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.
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