El auto del juez Aguirre en el que solicita la imputación de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, Elsa Artadi, Gonzalo Boyé y otros tantos por las conexiones del separatismo con Putin se ha convertido en todo un manuscrito en defensa de la democracia. Su argumentación jurídica defiende la necesidad una pieza separada sobre las injerencias rusas en España por el riesgo que suponen directamente para "la democracia".
El juez de Putin y Puigdemont defiende sin paliativos la "separación de poderes" y la "democracia" ante el "intento de censura y menosprecio a la actuación judicial" plasmado en las comentarios contra "las actuaciones judiciales y las publicaciones de noticias en la prensa, uno de los puntales de la libertad de expresión" lanzados por cargos del Gobierno y diputados y senadores.
El auto del juez Aguirre se basa en las hallazgos de los investigadores del caso Voloh, que han descubierto ya hasta el plan para conseguir la vuelta de Carles Puigdemont a la presidencia de Cataluña tras su fuga a Bélgica en octubre de 2017. Esta hoja de ruta golpista contempla el "hundimiento del Estado español" y en ella se afirma textualmente lo siguiente: "Los machacaremos". Todo ello en conexión con la Rusia de Putin.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre ha abierto, por todo ello, una pieza separada sobre la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. En este nuevo procedimiento se investigan por presuntos delitos de traición y malversación a Puigdemont; su abogado Gonzalo Boye; su director de oficina Josep Lluís Alay; el expresidente catalán Artur Mas; la exdiputada de Junts Elsa Artadi y otras 8 personas.
Deterioro democrático
Y el auto judicial explica la necesidad de esta pieza separada con un apartado especialmente esclarecedor de la situación que atraviesa España. Su título es "Del proceso de deterioro democrático" y señala citas como la de Marlene Wind, en su libro La tribalización de Europa, donde describe el proceso de deterioro democrático: "El tribalismo es el fenómeno por el que grupos culturales, étnicos y nacionalistas de tamaños y niveles de organización diversos aspiran cada vez más a revocar las estructuras internacionalistas creando, fundando o manteniendo sus propios Estados o entidades análogas a estos, al tiempo que (retóricamente y/o en la práctica) excluyen de ellos a otros".
El auto recuerda que, "de hecho, a los niños les enseñan en el colegio que en un Estado democrático existen 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; y que esta separación de poderes del Estado ayuda a que se compensen entre sí, evitando el totalitarismo, esto es, la acumulación de poder en una sola persona o un grupo reducido de personas". Pero que, "sin embargo, en estos convulsos comienzos del siglo XXI conviene preguntarse si la beneficiosa teoría de Mostesquieu (siglo XVIII) sobre la separación de poderes se aplica con toda su pureza en los Estados democráticos de corte occidental", señala el auto.
"El artículo 1 de la Constitución Española dice "La soberanía emana del pueblo". Es decir, el pueblo elige a las personas que compondrán el Poder Legislativo. A su vez, éstos elegirán a los miembros del Gobierno, el Poder Ejecutivo. Por regla general, se forma un gobierno estable basado en una mayoría parlamentaria estable. De ese modo, el Legislativo no hace de contrapeso del Ejecutivo porque el partido político (o una coalición) que integra el Gobierno es el que domina el Parlamento. En resumen, después de unas elecciones generales un partido político (o una coalición) controla el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; gobierna y aprueba Leyes. Nos queda el Poder Judicial. Desde esta perspectiva, el Poder Judicial sería el único de los tres poderes tradicionales que serviría de compensación al Ejecutivo, dado que los jueces son "independientes", no son elegibles mediante votación popular y no obedecen consignas de ningún partido político. Los Jueces solo deciden con arreglo a su conciencia, vaya a favor o en contra de los intereses políticos del partido instalado en el Ejecutivo, que a su vez controla el Legislativo", explica el auto.
Censura y menosprecio a los medios
"Este Magistrado considera que la tribalización, entendida como el resurgimiento de una forma de fundamentalismo cultural que mantiene su impulso por medio de un desafío constante al ‘otro’, el deterioro democrático, la corrupción y la injerencia de otros países en los Estados democráticos europeos está ocasionando un desmantelamiento de las instituciones contramayoritarias, tal como se ha explicado en los párrafos anteriores, y que fundamentalmente está afectando al Poder Judicial, en cuanto que es el único poder del Estado no elegido mediante votación popular", añade el juez.
Y extiende su defensa a la prensa: "En España, en los últimos años se han hecho frecuentes los comentarios de algunos políticos contra las actuaciones judiciales y las publicaciones de noticias en la prensa, uno de los puntales de la libertad de expresión, incluso por aquéllos que ostentan cargos en el Gobierno y escaños en las Cámaras Legislativas del Congreso y el Senado, que demuestran el intento de censura y menosprecio a la actuación judicial, la prensa libre y a las libertades civiles", asegura el auto
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