El expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y su director de Oficina Josep Lluís Alay han presentado una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Tal y como avanzó LD, el juez Aguirre abrió una pieza separada en el marco del denominado ‘caso Voloh’ sobre la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. En este nuevo procedimiento se investigan por delitos de traición y malversación a Puigdemont, Boye, Alay o al expresidente catalán Artur Mas. El instructor denunció "la existencia de una estructura piramidal, en cuyo vértice superior se encontraría Puigdemont, si nos referimos al desarrollo de una política de contactos con elementos de injerencia rusa, a espaldas del Estado español. Siguiendo a Puigdemont en esta estructura piramidal, en un segundo peldaño, se ubicarían Alay y Boye, quienes desarrollarían la labor intelectual y de planificación".
En la querella de 39 páginas presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Puigdemont Boye y Alay recriminan al juez Aguirre investigar la injerencia rusa en una nueva pieza separada después de que la Audiencia Provincial de Barcelona rechazase una prórroga acordada para investigar estos hechos en otra pieza previa: "Vemos cuál ha sido la actuación del magistrado aquí querellado, quien pergeña -solo o en compañía de otros- un plan para incumplir el auto dictado por la Superioridad, consistente en desplazar unos hechos investigados de una pieza a otra o, dicho de otra manera, ha empleado un ilegal mecanismo de clonado desde una pieza hasta otra".
"Con independencia del interés personal que el magistrado querellado denota en la presente investigación y de la cual hoy tenemos constancia por ser un hecho público, notorio y ampliamente publicado, es evidente que ha exteriorizado su ánimo de prevaricar, de torcer el derecho, de incumplir lo ordenado por la Audiencia Provincial de Barcelona, a fin de satisfacer su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre", añade.
"Evidentemente, este dispendio, producto de la caprichosa y arbitraria voluntad del magistrado de investigar unos hechos que nunca han tenido caracteres de delito y condenados al sobreseimiento, es absolutamente injustificado y, además, los gastos para las arcas públicas son inconmensurables, dado el ingente material que pretende analice y examine la fuerza actuante, según manifiesta expresamente en su auto el magistrado querellado", apunta la querella.
"Entendemos, por tanto, que la desobediencia mostrada abiertamente y sin tapujos por parte del magistrado querellado Sr. Aguirre López en el dictado del auto de 21 de junio de 2024 es claramente ilustrativo de que aquí no hubo error posible de interpretación sino una negativa rotunda y explícita a respetar el sistema de recursos, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a cumplir mínimamente la función jurisdiccional con sometimiento pleno a la ley y al Ordenamiento Jurídico", destaca el escrito.
Apartar al juez y suspender la investigación
Puigdemont, Boye y Alay solicitan al TSJC como medida cautelar "la suspensión provisional" del magistrado Aguirre en la investigación, "para evitar que los efectos del delito se sigan produciendo así como para impedir que se tomen represalias en contra de los querellantes y de los demás investigados en el conjunto de piezas separadas de dicho procedimiento".
"Por ahora ya se ha dictado un auto en el que 13 personas ilegalmente están siendo investigadas y se encuentran a expensas del arbitrio del querellado, sin posibilidad alguna de defenderse y con graves expectativas de ver, aún más, mermados sus derechos constitucionales, mediante medidas provisionales de carácter real y/o personal que podría adoptar el magistrado querellado, si no se acuerda su apartamiento inmediato en la investigación del procedimiento", concluye la querella.
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