El Día de la Policía Nacional es una jornada de fiesta y reconocimiento por la labor que desarrollan los agentes del cuerpo en el día a día. Pero también marca un punto de inflexión anual en la relación entre el Ministerio del Interior, la dirección política de la institución y los sindicatos policiales. Todo se debe al uso más que cuestionable que el departamento de Fernando Grande Marlaska viene realizando de las medallas que se conceden con motivo de esa celebración.
Marlaska y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, llevan años usándolas como pago por los servicios prestados a altos mandos de su cuerda. Y lo están haciendo sin seguir al pie de la letra los requisitos y procedimientos que marca la ley. Se trata de condecoraciones que en la mayoría de los casos son pensionadas, es decir, que suponen un aumento de la retribución esté el policía en activo o jubilado.
Lo acontecido en los últimos años refleja a la perfección lo grotesco de la situación. Los sindicatos policiales han llevado a los tribunales de forma continuada la concesión de las medallas más polémicas y la justicia les ha ido dando la razón una y otra vez. De este modo, han conseguido anular las otorgadas por Marlaska y Pardo Piqueras de 2021, 2022 y 2023. La anulación de estas últimas se conoció hace apenas unas semanas.
Y casi sin tiempo de continuidad, todo parece indicar que se inicia ya la guerra por las medallas que se concederán el próximo mes de septiembre. En el seno de la Policía Nacional ya han filtrado algunas de las propuestas para recibir la Medalla de Plata del cuerpo a once comisarios principales, de los que cuatro se han jubilado recientemente. Una de las máximas condecoraciones, que lleva asociada una subida de sueldo o de pensión del 15 por ciento.
Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha advertido a Marlaska y a la Dirección General de la Policía que si finalmente conceden en septiembre estas condecoraciones volverán a llevar el asunto ante los tribunales: "la Justicia ya nos ha dado la razón en varias ocasiones y seguiremos acudiendo a la misma las veces que haga falta para que se cumpla con las decisiones judiciales".
"Se trata de una actuación administrativa tomada a capricho y conveniencia, de manera arbitraria y solo basándose en el deseo de la Administración, lo cual es absolutamente impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho", han mantenido desde el sindicato, que ha considerado que esta propuesta de medallas supone "una vergüenza, una falta de respeto y da la impresión de que el Ministerio del Interior pretende reírse de la Justicia".
En concreto, la Dirección General habría propuesto para su ingreso en la Orden del Mérito Policial a los comisarios principales Rafael Martínez López (subdirector general de Logística e Innovación), José María Borja Moreno (Jefe Superior de Policía de Navarra) Ramón Gómez Nieto (Jefe Superior de Policía de Galicia), Agustín Alonso-Carriazo López (subdirector general de Recursos Humanos y Formación), Eugenio Pereiro Blanco (comisario general de Información), Luis Guillermo Carrión Guillén (jefe de división de personal) y Juan Carlos Castro Estévez (comisario general de Seguridad Ciudadana).
Además, en la propuesta se incluye a cuatro comisarios principales jubilados: Rafael Pérez Pérez, (ex comisario general de Policía Judicial), José Miguel Amaya Tebar (ex jefe superior de Policía de Andalucía Oriental), Alfredo Garrido López (ex jefe superior de Extremadura) y Jorge Manuel Martí Rodríguez (ex jefe superior de Policía de Madrid).
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