No fue un día fácil para Pedro Sánchez el de ayer en el Congreso. A las duras intervenciones de la oposición hay que añadir las dudas que empiezan a surgir entre sus socios por los negocios de Begoña Gómez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había fijado hace muchas semanas la fecha del 18 de julio para presentar pomposamente su plan de lucha contra los bulos y regeneración democrática. Seguramente cuando fijó la fecha pensaba que, para entonces, el juez Peinado habría archivado el caso que persigue a su mujer. Pero el aplazamiento de su comparecencia para el viernes 19 de julio ha aguado lo que los medios han calificado como "plan Begoña". El nombre obedece a que sólo a raíz de que empezasen a publicarse informaciones sobre las actividades profesionales de su mujer —centrada a captar fondos privados y también públicos para empresas— y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense es cuando Pedro Sánchez ha sentido la necesidad imperiosa de parar lo que el denomina bulos de los tabloides digitales de la fachosfera.
A Sánchez le tuvo que pillar por sorpresa que uno de los socios preferentes del Gobierno, el PNV —cuyos votos fueron fundamentales para tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura en 2018 y lo han seguido siendo para mantener a Sánchez en Moncloa— diese un salto figurado al muro, colocándose en la misma posición que el Partido Popular, a saber: que más allá del reproche penal de las actividades de Begoña Gómez, algo que tendrá que dirimirse en instancias judiciales, y más allá de la consideración que te merezcan las organizaciones que han iniciado esa causa judicial, lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer.