La historia de presunta apropiación indebida del software se complica aún más para la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez registró a su nombre el citado software pese a haber sido creado para la Complutense por Google, Indra, Telefónica y hasta un concurso público de 60.500 euros. En total, el coste de producción del software fue de más de 200.000 euros y acabó en la sociedad mercantil 100% de Begoña Gómez. Pues bien, ese software permite realizar de forma urgente una valoración del cumplimiento de las exigencias de los ODS de la Agenda 2030 de cara a que las empresas puedan acceder a subvenciones, concursos públicos, contratos con entidades multilaterales, etc. Y resulta que su uso incluye los logos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Cámara de Comercio para dar apariencia oficial a los informes que redacta. Y, para colmo, resulta que ese uso está literalmente prohibido en el convenio firmado por la Cámara de Comercio. Todo un suma y sigue de violaciones que se suman al listado de explicaciones que deberá dar Begoña Gómez el día que quiera declarar ante el juez.
El nombre oficial del software es el de plataforma Transforma TSC. Y se presenta al usuario afirmando que permite "diseñar una estrategia de impacto con múltiples beneficios para tu empresa, la sociedad y el planeta". Entre otros beneficios, el de acceder a concursos públicos o subvenciones ligadas a las exigencias de la Agenda 2030: "Estos retornos pueden resultarte muy útiles para financiar tus proyectos nuevos o actuales", indica la plataforma.
Pues bien, esos informes aparecen con los logos de la Universidad Complutense y la Cámara de Comercio. Por parte de la Complutense ya se sabe que un informe ha denunciado dos cosas: la posible apropiación indebida del software por parte de Begoña Gómez y su ausencia plena de colaboración en esclarecer lo ocurrido.
Pero ahora sabemos, también, que el "Convenio marco entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y la Universidad Complutense de Madrid", firmado "en Madrid, a 21 de abril de 2022" y al que ha tenido acceso Libertad Digital, prohíbe ese uso de su logo y marca de manera expresa.
El objeto de ese convenio era "establecer el ámbito de colaboración entre la Cámara de Comercio de España y la UCM , en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, con el fin mantener una línea estable de cooperación, y compartir iniciativas de interés común en el ámbito de la sostenibilidad empresarial, entra otras".
La colaboración se "sustanciará en iniciativas y actividades comunes orientadas a la contribución a la mejora de la sostenibilidad empresarial, sobre todo, entre las pymes. En particular, las líneas de trabajo se concentrarán prioritariamente en la realización de estudios, presentaciones públicas, desarrollo de herramientas y campañas de comunicación para promover la incorporación de estrategias de sostenibilidad en la gestión empresarial", añade el convenio.
Pero la quinta cláusula señala expresamente lo siguiente: "Derechos y obligaciones de las partes. Las partes quedan obligadas por un compromiso de confidencialidad en cuanto a las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente convenio y en su virtud no
podrán compartir con terceros ninguna información, datos, u otros aspectos relacionados con las mismas sin el consentimiento expreso de cada una de las partes". Y Begoña Gómez ha usado el software de forma generalizada con el software de la Cámara.
Por si fuera poco, la misma cláusula detalla más: "En el supuesto de que se compartiera información con terceros, la misma se realizaría siempre en beneficio del objetivo del presente Convenio y para el mejor cumplimiento del mismo. Las partes no podrán utilizar el nombre y/o logotipo o cualquier referencia incluso en lo relativo a la existencia del presente Convenio sin autorización expresa previa de la otra parte". Literalmente. Con lo que, o Begoña Gómez prueba que cada informe contaba con el permiso expreso de las Cámaras o no se puede ni mencionar el convenio.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), por su parte, ya ha solicitado al juez que investigue a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida tras su falta de colaboración en el marco de la investigación interna efectuada en la institución universitaria. En un informe de 20 páginas remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado, afirma que "las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra". "La Universidad Complutense de Madrid, en su condición de Administración Pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio afecto a los fines que la vigente Ley Orgánica 2/ 2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario atribuye a ésta", apunta la Complutense.
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