Según la información que publica El País en su portada de este sábado, recogida por EFE, la Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez porque considera que practica una "injusticia intrínseca" y realiza "interpretaciones forzadas o artificiosas". La utilización de la Abogacía del Estado ha provocado cierta polémica jurídica, pues su utilización podría ser considerada malversación.
Como publicamos en Libertad Digital, la abogada del Estado que firmó la querella presentada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, Zaida Isabel Fernández Toro, asesora jurídicamente desde diciembre a una empresa pública que patrocinó actos de Begoña Gómez en el 2019. Fernández Toro es, por otra parte, la actual jefa de Penal de la Abogacía General del Estado.
Negativa a declarar
El pasado 30 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.
Sánchez, en una declaración que duró dos minutos en el Palacio de la Moncloa, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.
Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.
En la querella la abogada del Estado en nombre de Pedro Sánchez pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".
En una rueda de prensa al día siguiente de acogerse a su derecho a no declarar, el presidente del Gobierno defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886. Ese sería el motivo de la utilización de la Abogacía del Estado.
Providencia del juez sobre el silencio de Sánchez
El pasado 22 de agosto el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo.
Dijo que su "silencio" es "legítimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".
Querella de Begoña Gómez
Tres días después de la querella de Sánchez, su mujer Begoña Gómez, también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".
El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.