El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado Plan de Acción por la Democracia, que recoge las anunciadas medidas de Pedro Sánchez contra lo que él denomina la "máquina del fango", expresión que acuñó durante los días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. El conjunto de medidas dirigidas a los medios incómodos para el sanchismo han sido presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, que han avanzado que se desarrollarán durante los tres años que quedan de legislatura. "No les quepa duda: en los próximos tres años vamos a impulsar estas 31 medidas", ha prometido Bolaños sobre un plan en el que siguen sin estar claros los detalles pero deja bien claras las intenciones del Gobierno de controlar y asfixiar a los medios críticos.
Tras cargar contra "los bulos" y "desinformación corrosivos para la información veraz", concepto que para el sanchismo engloba todas las informaciones relacionadas con los casos de corrupción que rodean al presidente, Bolaños ha proclamado que su Ejecutivo se propone "restaurar la confianza en nuestra democracia" y hacerla "más fuerte". En ese plan se incluirán medidas para que las instituciones sean "más transparentes" y "obligarán a todos los gobiernos" a "rendir cuentas de las políticas que llevan a cabo". Habrá además una reforma de la ley de secretos oficiales por ser "preconstitucional", una reforma del Código Penal en lo relacionado a los delitos contra sentimientos religiosos e instituciones del Estado (como pedía Sumar) y "estrategias para fomentar la lucha contra la corrupción".
"Respuesta ágil" de los jueces a los medios
Bolaños también ha anunciado una reforma de las leyes que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación porque a su juicio el actual es un régimen que "ha quedado claramente obsoleto". En 1982 y 1984, ha señalado, "no se podía prever" el "ecosistema de medios" actual. El fin es "garantizar una respuesta ágil y efectiva de los tribunales" a "medios o pseudomedios".
Urtasun, el encargado de anunciar el grueso de las medidas relacionadas con la prensa, ha señalado que se definirá "qué es un medio de comunicación" y se creará "un registro con información pública" sobre los dueños y la inversión publicitaria que reciben. El registro, para cuya creación se escudan en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, será "elaborado y tutorizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". Ante las dudas de los periodistas en el turno de preguntas sobre su papel, Urtasun ha avanzado que la CNMC será "reformada" y que la intención es que el registro esté en manos de un órgano que "no esté controlado por el Ejecutivo".
Por su parte, todas las instituciones públicas deberán hacer un informe anual con toda su inversión publicitaria y además se reformará la ley de publicidad institucional para incluir criterios como "transparencia" y "proporcionalidad" en el reparto. Los criterios serán elaborados a partir de las opiniones de expertos y partidos.
Límites a la financiación pública de los medios
Además, se impulsará la ley de secreto profesional y se reformará la ley de publicidad institucional para que "los sistemas de medición de audiencia cumplan principios de transparencia" y "verificabilidad", entre otros, con el fin de que "no se puedan falsear las audiencias" y "evitar que con dinero público se subvencionen pseudomedios". En este sentido, también ha avanzado, sin concretar más, que habrá "límites" a la financiación pública de los medios de comunicación.
Urtasun ha señalado que habrá medidas de discriminación positiva para "medios que estén íntegramente en lenguas cooficiales", así como regulación para evitar oligopolios. Se incluirá, por otro lado, una reforma del artículo 36 de la denominada ley mordaza para "acabar con las sanciones contra profesionales por ejercer su trabajo".
El plan también incluye la obligatoriedad de "celebrar cada año el debate del estado de la nación" y la obligatoriedad en campaña de que los candidatos "acudan a debates". Por otro lado, las encuestas que se publiquen tendrán que hacer públicos también "los microdatos" en que se basan. El ministro del Gobierno que mantiene al frente del CIS a José Félix Texanos considera que a veces "más bien parece" que las encuestas "quieren influir sobre el estado de opinión".