Sánchez llevará hoy a la práctica sus amenazas a la prensa libre, anunciadas el pasado mes de abril al conocerse la imputación judicial de su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras paralizar durante cinco días la acción de Gobierno por un asunto exclusivamente particular, Sánchez realizó una gira por los medios izquierdistas, que comenzó en TVE, para anunciar un paquete de medidas destinadas a meter en cintura a los medios que informan de las trapacerías y los problemas judiciales de su entorno político y familiar más cercano. Toda una carga de profundidad contra la libertad de prensa y la democracia que hoy va a adquirir carta de naturaleza en el Consejo de Ministros.
Sánchez no había mostrado demasiado interés en censurar el funcionamiento de los medios privados hasta que su mujer comenzó a ser investigada por corrupción y las noticias sobre los negocios sospechosos realizados al amparo de su cátedra en la complutense comenzaron a llenar portadas. Entonces mostró su verdadera personalidad despótica y decidió acabar con ese estado de cosas aludiendo a la necesidad de "regenerar la democracia", castigando a los "tabloides" y "pseudomedios" corrompidos por la derecha política y económica, según explicó una y otra vez.
La obsesión del sanchismo con los periodistas que no bailan el agua al Gobierno disimulando sus corrupciones es más propia de dictaduras tercermundistas que de una democracia consolidada como la española, encuadrada de pleno derecho en las estructuras de la UE. El afán censor de Sánchez se compadece poco con el papel que un presidente del Gobierno ha de ejercer en relación con la libertad de prensa, uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal. Sin embargo, su interpretación del ejercicio del poder político y sus límites lo encuadran de lleno en la peor tradición izquierdista, que considera a la democracia como un mero instrumento político al servicio particular de una camarilla.
Hoy conoceremos los términos de la ofensiva sanchista contra el derecho a la información, basada fundamentalmente en la supresión de la publicidad institucional de los medios incómodos y en el señalamiento público por parte del Estado de los periodistas que no se plieguen a los mandatos del Gobierno. Se trata de un ataque inaudito al que no pueden ser ajenas las instituciones europeas, encargadas de vigilar la salud de instituciones fundamentales como la libertad de prensa en todo el territorio de la UE.
Con su habitual desfachatez, Félix Bolaños se ha referido a este ataque intolerable a los medios de comunicación explicando que se trata de "una hoja de ruta para fortalecer nuestras instituciones y desarrollar las iniciativas europeas por la transparencia y contra la desinformación". Los afanes censores de estos déspotas y la desvergüenza con que los llevan a la práctica han de encontrar una respuesta contundente en los tribunales, llegado el caso, pero también en el terreno político con la oposición frontal y activa de los partidos democráticos, una condición cada vez más dudosa en el caso del PSOE.