Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, prepara la documentación para el congreso extraordinario que celebrará en la localidad barcelonesa de Calella el último fin de semana del mes de octubre. La intención de los posconvergentes no sólo es la de relevar de su presidencia a Laura Borràs, condenada por corrupción, para colocar en su lugar al todavía fugitivo. Con el cónclave se pretende dotar al partido de una estructura ideológica para temas ajenos en principio a la consecución de la independencia.
Uno de los elementos más destacados de las ponencias es la creación de una "agencia de inmigración" que se establecería como "ventanilla única" en Cataluña para todos los asuntos relacionados con la materia, tales como cuotas, admisiones, criterios de integración, inmersión en el idioma catalán, expulsiones, etcétera, etcétera. La justificación es que Junts ya negocia con el Gobierno de Pedro Sánchez la cesión de las competencias y que una agencia catalana sería la manera de hacer visible la consecución de ese traspaso.
En ese apartado de la inmigración, el partido separatista aboga por un "pacto nacional" que serviría para consensuar políticas en torno a la "integración real" de los inmigrantes. Para ello y según Junts, es básico que aprendan el catalán. El partido de Puigdemont considera que el fenómeno de la inmigración es necesario para paliar la baja natalidad en la región, pero que hay que destinar más recursos, por ejemplo en materia lingüística, para evitar que se ponga en riesgo la "cohesión social".
En otras ponencias, Junts aboga por crear una fundación, que sería el lugar idóneo para desplazar a la actual presidenta del partido, Laura Borràs, y por integrar a partidos como "Demòcrates", la formación encabezada por Antoni Castellà y que aglutina a los restos independentistas de la extinta Unió de Duran Lleida. Para ello se modificarán los estatutos del partido de modo que no hará falta un mínimo de afiliación de seis meses para optar a puestos en la ejecutiva.
La impronta liberal y pragmática de la que tanto se habla en las últimas semanas se plasmará en una propuesta fiscal consistente en bajar todos los tramos del IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones, bajar el de sociedades y reducir la presión fiscal a los autónomos. También aboga por impedir la que denomina "invasión competencial" en materia de vivienda y combatir la "ocupación delincuencial".