La Dana o Gota Fría ha devastado buena parte de la provincia de Valencia. El barro inunda las calles de numerosas poblaciones, los vehículos y la chatarra se amontonan por todos los lados y, en algunas zonas, los alimentos y el agua potable todavía llegan con dificultad. En ese difícil escenario, todavía hay barrios de algunos municipios en los que no se ha podido reestablecer el suministro eléctrico.
En las horas posteriores a la gran inundación, fueron más de 120.000 familias las que no tenían suministro eléctrico. Los técnicos de las empresas eléctricas han ido accediendo poco a poco a las instalaciones más afectadas, reparando las conexiones al ritmo que buenamente podían. Las últimas cifras facilitadas por el Gobierno central y la Generalidad valenciana indican que todavía hay cerca de 25.000 clientes que siguen sin electricidad.
Pero el problema no son sólo los domicilios particulares o locales comerciales, cuyas alarmas no funcionan sin electricidad, sino que en esas zonas tampoco funciona el alumbrado público, lo que ha sumido en la oscuridad más absoluta a muchas calles, lo que está provocando un escenario de impunidad para muchos delincuentes y maleantes que están aprovechando la situación para dedicarse al saqueo y el pillaje.
Esto está teniendo lugar, precisamente, en las zonas más afectadas por las inundaciones, en los lugares donde más se ha sufrido la DANA. Localidades donde el acceso terrestre y las opciones para movilidad por sus calles son muy complicadas y, donde en muchos casos, la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden desarrollar su trabajo con la eficacia con la que lo desarrollaban antes de la devastación.
En estos escenarios, como en toda España salvo en Cataluña y País Vasco (regiones donde la competencia está transferida y está asumida por Mossos d´Esquadra y Ertzaintza), el único responsable de la seguridad sigue siendo el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que en este caso ejerce sus funciones a través de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
La Generalidad Valenciana es la responsable de hacer frente a la situación provocada por las inundaciones a través de su plan autonómico de Protección Civil, pero el mantenimiento de la seguridad ciudadana sigue siendo responsabilidad del Gobierno central y el Ministerio del Interior. A espera del envío de refuerzos que hagan cambiar la situación, los ciudadanos están subiendo a las redes sociales numerosos vídeos de los saqueos nocturnos.
Ayer jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo que el Ejecutivo se va a esmerar en evitar los saqueos y pillajes: "Tenemos 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles, a los que se suman otros 280 efectivos especialistas en Seguridad Ciudadana. Seremos escrupulosos en esta faceta. No se admite ni el pillaje ni el ultraje". Pero poco después de sus palabras los saqueos y pillajes regresaron al amparo de la oscuridad.
La mayoría de estos robos se están produciendo en tiendas, empresas y centros comerciales, pero algunos vecinos han denunciado públicamente que algunos salteadores han intentado incluso colarse en viviendas particulares y que sólo les ha frenado percatarse de que en las mismas se encontraban sus moradores.
Las propias Fuerzas de Seguridad pusieron ayer cifras al número de detenciones que habían realizado tras la primera noche de relativa tranquilidad en estas poblaciones de Valencia. La Policía Nacional detuvo a 39 personas en su demarcación, entre ellas varios menores. La Guardia Civil cifró en 11 el número de arrestados en sus demarcaciones. Pero no todos los saqueados fueron detenidos y durante esta noche se han repetido las actividades delictivas.