La Justicia sigue avanzando en la investigación de las múltiples líneas del caso Koldo-PSOE. Y una de ellas acaba en el Ministerio de Hacienda que comanda la vicepresidenta María Jesús Montero. Su jefe de gabinete, Carlos Moreno, ya ha pasado a declarar ante el Tribunal Supremo. Ha negado haber recibido dinero por gestiones en favor de sociedades de la trama, tal y como denunció Víctor de Aldama. Pero lo cierto es que en otro momento de la testifical no negó encuentros -hasta dos o tres- que se podrían haber producido en el propio Ministerio.
El jefe de gabinete, por motivos obvios, accede a la parte del departamento donde se encuentra la ministra. Y en el Gobierno se preparan ya para pruebas que demuestren que Aldama también llegó hasta el epicentro del Ministerio que debía perseguir la trama fiscal de los Hidrocarburos, el control del blanqueo en las rutas que salieron camino de República Dominicana o la información sobre las inspecciones a las sociedades a la trama socialista, sólo por citar algunos casos.
El aeropuerto de Ciudad Real
La declaración íntegra de Carlos Moreno ha dejado más datos relevantes de lo que se podía imaginar. No sólo ha admitido que trasladó a un asesor la petición del aplazamiento fiscal para una de las sociedades de la trama, sino que, además, ha reconocido unas gestiones en favor del aeropuerto privado de Ciudad Real a petición de Aldama, justo el aeropuerto que la trama y Delcy Rodríguez querían conectar con Venezuela para tener una conexión rápida con la narcodictadura de Nicolás Maduro.
Y los detalles de esa declaración de Moreno fueron a más. Porque, fruto de esas gestiones, Moreno no rechaza encuentros en el Ministerio de Hacienda. Es decir, en la sede de María Jesús Montero. El jefe de gabinete de la vicepresidenta admitió hasta "dos o tres" encuentros con Aldama. Y admitió que era "posible" que fuera en el Ministerio porque, como dijo, "básicamente paso 12-14 horas en el Ministerio, es lo más normal que viniese por allí".
Y si eso es así, sería complicado que Montero no se encuentre con pruebas de esas visitas a su sede. Algo que el Gobierno ya descuenta pero que sería demoledor en un reguero de pruebas que ya ha tocado a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Reyes Maroto, Teresa Ribera, etc.
Y no es la primera pista que sigue la UCO relacionada con María Jesús Montero. Víctor de Aldama negoció con el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, la adquisición de un depósito fiscal para descargar con barcos el combustible procedente de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia.
El depósito fiscal es un establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir, en este caso, hidrocarburos, sin tener que abonar los distintos impuestos hasta el momento de su venta definitiva en territorio español. De hecho, si no se vende en España, se elude por completo el pago fiscal hasta su entrega en el destino final. Esa es la clave del fraude detectado por la UCO de 182 millones de euros: el producto se camufla como hidrocarburo en tránsito para exportación y se acaba vendiendo ilegalmente a gasolineras españolas a un precio mucho más bajo porque no soporta el pago fiscal.
Pues bien, la UCO cree que la trama contó con "sinergias de poder con la Administración" que le permitieron mantener durante tiempo su actividad sin ser detectada. Y ha mirado a Hacienda por una cuestión muy sencilla: eludir los controles de la Agencia Tributaria -integrada en el Ministerio de María Jesús Montero- no es tan sencillo. De hecho, existe un plan específico de inspección que ha estado operativo durante todo este tiempo centrado exclusivamente en el control de ese tipo de tramas del IVA en los hidrocarburos. El plan controla las gasolineras que venden a precios especialmente bajos -aquí se dio esa práctica- y recibe información por un mecanismo de coordinación con la Hacienda canaria -aquí se tuvo que dar porque opera de forma automática-. Y, pese a ello, la trama consiguió eludir esos controles de Hacienda. Los del departamento de Montero.
Los planes
La información recabada por medio de pruebas y declaraciones en el juzgado de Santiago Pedraz sobre el caso Hidrocarburos apunta a una reunión entre el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Claudio Rivas, Stella Duarte y Víctor de Aldama. El punto de encuentro habría sido Tenerife y el objetivo de la trama era adquirir un depósito fiscal en Canarias para poder descargar el carburante que pretendían desde Venezuela y otros países como Georgia. La opción del depósito fiscal habría sido descartada por motivos económicos y se habría pasado a un plan B: constituir una subcuenta, usando una de las empresas de la trama, de forma que se introdujera el combustible por medio de un operador ya existente. Sea como sea, el combustible entró. Y eso debería haber activado los controles de Hacienda aunque no parece que fuera así.
Los distintos planes inspectores de Hacienda incluyen un apartado desde antes de que Pedro Sánchez llegara al poder centrado en estas tramas del IVA en el sector de hidrocarburos. Y ese plan ha permanecido operativo, por lo menos, teóricamente y para todos. Un plan que activa un mecanismo de coordinación de información para detectar el tránsito de los hidrocarburos.
"Actuaciones de control relacionadas con el IVA. Desde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria se mantiene la coordinación y gestión del control de tramas de fraude organizado en relación con el IVA. En la lucha contra esta modalidad de fraude intervienen varias áreas dentro de la propia Agencia Tributaria, sin olvidar la necesaria coordinación en la materia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", señala ese plan.
La UCO se pregunta qué ha fallado. Y se lo hace con una óptica, la de que, tras haber analizado todas las ramificaciones de la trama Hidrocarburos y estudiar su inmenso volumen de negocio ilegal -que afecta a un 99% de la actividad-, su magnitud de facturación, su entramado internacional y sus conexiones con el poder, ha llegado a una conclusión: que la trama Hidrocarburos no fue detectada inicialmente por sus "sinergias de poder con la Administración", como ya ha publicado Libertad Digital.
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