La corrupta Laura Borràs no tendrá que ingresar en prisión. La dirigente separatista fue condenada a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, el mismo tribunal que la condenó recogía en la sentencia una petición de indulto y rebajar la pena a dos años para evitar el ingreso en prisión de la que entonces, marzo de 2023, se mantenía como presidenta de JxCat y del parlamento catalán.
Ahora es el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien ha suspendido el cumplimiento de la pena en lo relativo a la cárcel y ha dado curso a la petición de indulto ante el Gobierno. Cumple así con el criterio de la Fiscalía, que este miércoles se pronunció en el mismo sentido, es decir, que la corrupta no cumpla la pena de cárcel.
Un comodín para Sánchez
De este modo, el futuro de Borràs queda en manos de Pedro Sánchez, que adquiere un valioso comodín en sus relaciones con el prófugo Carles Puigdemont y con el grupo parlamentario de Junts en el Congreso, que dirige Míriam Nogueras.
Borràs fue hallada culpable de los delitos de prevaricación y falsedad documental sobre un total de 18 contratos, que fueron fraccionados para evitar sacar a concurso público su adjudicación. Isaías Herrero, el beneficiario de 18 contratos por un monto de más de 300.000 euros aseguró ante los magistrados del TSJC y a preguntas de la fiscal Assumpta Pujol que fue la dirigente independentista quien le adiestró en el operativo para fraccionar contratos y simular la concurrencia de otras propuestas.
Los detalles del caso
Según explicó el informático, fue Borràs quien le indicó cómo debía proceder para obtener los contratos siempre por debajo del límite para no requerir concurso público. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", ha declarado Herrero, quien ha apuntado además que Borràs le pidió que presentara tres presupuestos "comparsa" para cada uno de los trabajos a fin de simular una especie de concurrencia de ofertas.
Borràs tuvo como abogado a Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont y de Quim Torra y condenado en su día por el secuestro a cargo de la banda terrorista ETA del empresario Emiliano Revilla. Boye centró su defensa en la teoría de que Borràs era juzgada por su calidad de líder separatista y no por los actos de corrupción cometidos durante su gestión en la Institución de las Letras Catalanas.
Ataques a los jueces
Tras conocer la sentencia y arropada por el grupo parlamentario de JxCat, el expresidente Quim Torra y otros dirigentes, simpatizantes y familiares, Borràs compareció a las puertas del parlamento catalán para arremeter contra los jueces. Arrancó con una cita de Montesquieu —"No hay tiranía más cruel que la que se ejerce al amparo de las leyes"—, para acto seguido afirmar que no había tenido un juicio justo y que la sentencia es una "aberración judicial y una aberración democrática".
Esos mismos jueces son los que han suspendido su ingreso en prisión. Eso sí, le obligan a pagar una multa de 35.000 euros y le mantienen la inhabilitación durante trece años.