Las personas que consuman drogas en un vehículo estacionado no podrán ser sancionadas por las Fuerzas de Seguridad, tal y como venía sucediendo hasta ahora. Ésta es la nueva orden que ha emitido el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y que deja libertad total para el consumo de estupefacientes siempre y cuando el vehículo en el que ocurren los hechos no esté en marcha.
La instrucción número 7/2025, de la Secretaría de Estado de Seguridad, emitida en las últimas horas, dice que los vehículos particulares gozan de una protección reforzada por pertenecer a la esfera de privacidad de los ciudadanos y que "utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas" en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Eso sí, el documento recuerda que una vez que el vehículo se ponga en marcha sí que se podría tratar de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial, por lo que en ese caso los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deberán parar y multar a las personas que estén cometiendo la infracción.
La nueva normativa ha provocado una fuerte indignación entre los sindicatos policiales, que se han mostrado radicalmente en contra de la medida tomada desde el Ministerio del Interior. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, lo ha calificado como una "enorme irresponsabilidad" y han exigido su "inmediata retirada" al departamento de Fernando Grande Marlaska.
"Esta medida, a todas luces inconcebible, neutraliza por completo la labor preventiva, al dejar sin herramientas legales a los agentes para intervenir ante una situación que puede derivar en tragedias en carretera. A partir de ahora, cualquier persona puede consumir estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha, quedando fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde", han advertido.
"Esta situación no solo desautoriza a los agentes, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: el consumo de drogas en vehículos está ahora protegido por una norma, aunque el vehículo pueda ponerse en circulación en cualquier momento. ¿Quién se hace responsable si eso termina en un accidente? ¿Quién protege a los conductores inocentes, a las familias que viajan cada día por nuestras carreteras?", se han preguntado desde el sindicato.
En términos similares se ha expresado Justicia Policial (JUPOL), el otro sindicato mayoritario dentro del Consejo de la Policía Nacional, que ha advertido de que esta instrucción "puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales" y que "transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo".
"Esta instrucción no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia impulsada por el Gobierno para relajar la normativa en materia de seguridad ciudadana. Lejos de reforzar el marco legal frente al consumo, la tenencia o el tráfico de drogas, el Ejecutivo está promoviendo cambios legislativos que suavizan las sanciones, limitan la capacidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado y acaban por normalizar o tolerar comportamientos que deberían ser objeto de firme vigilancia", han asegurado.
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