"Deriva excluyente", "marginación sistemática de los hispanohablantes", "instrumento de división", "acoso a los derechos lingüísticos". Estas son algunas de las expresiones utilizadas por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano para definir el "Pacte Nacional per la Llengua" suscrito este martes por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, sus aliados de ERC y los "Comuns", los sindicatos y las principales entidades separatistas, incluidas Òmnium y la Plataforma per la llengua.
Junts y la CUP se niegan a suscribir el acuerdo porque consideran que el gobierno de Illa todavía no ha aclarado qué hará si el Tribunal Constitucional ratifica las sentencias del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. También reprochan que Illa habla a veces en español y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha cumplido su promesa de lograr que el idioma catalán sea oficial en la Unión Europea.
El "Pacte Nacional" fue un requisito de ERC para investir al socialista Salvador Illa que contempla partidas de más de doscientos millones anuales para la imposición del catalán y prevé la incorporación de medio millón de hablantes en los próximos cinco años, en su mayoría procedentes de la inmigración extranjera según los cálculos de la Generalidad.
Presencias y ausencias
El partido de Carles Puigdemont y la CUP no han firmado aún el pacte, pero Illa ha logrado un apoyo importante en el apartado simbólico. El expresidente de la Generalidad Jordi Pujol, al que se atribuye la aplicación a rajatabla de la inmersión lingüística en las escuelas, ha ayudado entre los invitados a la firma del acuerdo.
Quienes han excusado su presencia a pesar de haber suscrito el acuerdo han sido los presidentes de Òmnium, Xavier Antich, y el jefe de la "Plataforma per la Llengua", Òscar Escuder. Tampoco Oriol Junqueras ha querido salir en una foto encabezada por Salvador Illa a pesar de que el PSC se ha significado siempre por impulsar, crear medidas o apoyar a favor de la implantación del catalán en detrimento del español.
Al respecto, la entidad Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo, ha reaccionado con un manifiesto titulado "¡NO al 'Pacte Nacional per la Llengua'!" en el que afirma que "lejos de fomentar la convivencia, el gobierno de la Generalidad ha convertido la lengua en un instrumento de división, sometimiento ideológico y exclusión social. El llamado 'Pacte Nacional per la Llengua', que ahora se presenta como una fórmula de gran consenso y para todos, no es más que una vuelta de tuerca en esta estrategia de acoso a los derechos lingüísticos de millones de catalanes".
A continuación, se califica de "autoritario" el "modelo monolingüe" y reclama "una Cataluña de todos, donde el respeto, la libertad y la igualdad no sean una quimera sino una realidad".
Visión supremacista
También se constata que en este "Pacte Nacional" participante "quienes comparten una visión supremacista del catalán como única lengua de cohesión y eje identitario de Cataluña". "Quienes defendemos el pluralismo lingüístico y la igualdad entre el castellano y el catalán hemos sido, una vez más, apartados del debate público", afirma Impulso Ciudadano.
El documento, publicado en la red social X , señala además que "este pacto no busca proteger la lengua catalana, sino imponerla. Pretende transformar la realidad sociolingüística catalana -rica, plural mestiza- en un modelo monolingüe dirigido desde el poder. Ignora deliberadamente que más de la mitad de los catalanes tienen el castellano como lengua materna. No reconoce su dignidad. No oye su voz. No los respeta".
📢¡Decimos NO al Pacte Nacional per la Llengua!
El Govern de la Generalitat pretende imponer el catalán como única lengua legítima, ignorando a millones de catalanes castellanohablantes.
Este "pacto" no es un acuerdo: es una imposición.
— Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) May 13, 2025
Es un modelo excluyente, monolingüe y… pic.twitter.com/MfzIfRvEaN
También se cuestionan los informes, estadísticas y encuestas utilizadas por la Generalidad y las formaciones independentistas porque "describen la convivencia lingüística como una amenaza y la presencia del castellano como un obstáculo a eliminar".
"En una sociedad bilingüe, las instituciones públicas no pueden tener una única lengua propia. Son de todos. El 'marco lingüístico igualitario' que diseña el 'Pacte Nacional per la Llengua' en la práctica significa la marginación sistemática del castellano en la educación, en la administración, en la cultura, en los medios de comunicación y en el espacio público", señala el manifiesto.
La entidad constitucionalista concluye que el "Pacte" "impone el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza, ignora los derechos lingüísticos de millones de catalanes "que desean usar el castellano en su relación con la administración, en el acceso a servicios públicos o en su vida cotidiana" y "equipara el uso del español con un problema demográfico, asociándolo a inmigración, pobreza o exclusión, en un discurso preocupantemente estigmatizador y de tintes xenófobos".