La atención a la infancia de la Generalidad: descontrol, violaciones y desvío de casi 100 millones

Las violaciones a una niña de 12 años acogida por la Generalidad catalana, las confesiones sobre pagos ilegales de un trabajador que ha recibido amenazas de muerte y las conclusiones de un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los sobrecostes y sorprendentes prácticas contables de la dirección general de atención a la infancia y a la adolescencia (DGAIA) de la administración autonómica catalana han descorrido el velo sobre el gran montaje de los servicios sociales destinados niños y jóvenes desamparados.

Hasta tres instituciones dependientes de la Generalidad investigan a la DGAIA, una suerte de chiringuito copado por ERC y que subcontrata la atención a los menores en situaciones de riesgo a una serie de fundaciones en las que aparecen ex altos cargos de la administración autonómica vinculados a ERC en la mayoría de los casos. Las excepciones son los ex altos cargos relacionados con Convergència.

La Sindicatura de Cuentas destapó toda clase de irregularidades económicas entre los años 2016 y 2020, siendo presidentes de la Generalidad Carles Puigdemont y Quim Torra y consejeros de Derechos Sociales Dolors Bassa, de ERC, y Chakir El Homrani, también del partido de Oriol Junqueras.

98 millones en contratos irregulares

El informe de la Sindicatura indica que durante esos años se adjudicaron contratos sin proceso de licitación a una serie de fundaciones agrupadas en una denominada "Plataforma Educativa", algunos de cuyos responsables han sido consejeros, diputados y concejales de ERC.

A esos contratos concedidos por procedimientos de urgencia que no eran de aplicación se habrían destinado al menos 98 millones de euros en los cuatro años de la auditoría de la Sindicatura, dinero que en gran parte fue a parar a las fundaciones de los directivos relacionados con ERC. A eso hay que añadir prórrogas automáticas (e ilegales) de contratos por un monto de 86 millones de euros. El responsable de la DGAIA en aquel periodo dimitió y volvió a su cargo en una de las fundaciones investigadas, la Fundación Resilis.

Negocios inmobiliarios

No acaban ahí los escándalos. Otra fundación llamada FASI destinó dinero traspasado por la DGAIA a alquilar pisos a través de una inmobiliaria que había comprado la misma fundación. Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 milllones de euros en alquileres de pisos para menores a su propia inmobiliaria. En algunos casos se pagaban entre 3.000 y 5.000 euros al mes por pisos en los que estaban acogidos menores en riesgo. Al frente de esta fundación figura un exalcalde y exvicepresidente de la Diputación de Gerona por Convergència.

Plazas fantasma para cobrar

El penúltimo caso es el que investiga la Oficina Antifraude, también dependiente de la Generalidad, y que se basa en el testimonio de un trabajador de una de estas funciones sobre irregularidades en los pagos a jóvenes extutelados y plazas fantasma de menores, es decir plazas vacías pero por el que las fundaciones cobran a la Generalidad.

Las entidades investigadas son la Fundació Resilis y la UTE formada por la Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, según ha informado La Vanguardia. El denunciante expuso su caso en la propia dirección general de la Generalidad, en la Sindicatura de Cuentas, ante la inspección de trabajo y finalmente fue la Oficina Antifraude quien le hizo caso. Ha recibido amenazas de muerte. Aporta documentación y grabaciones en las que trabajadores de esas entidades reconocen la malversación de fondos.

A cargo de la DGAIA hay unos 20.000 menores, de los que 8.867 están en régimen de tutela o de guarda (como el caso de la niña de 12 años violada). La DGAIA contrata con fundaciones privadas la atención de estos menores en los llamados Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE). Los educadores sociales explican que les faltan medios y personal y que los CRAE no son cárceles, por lo que los acogidos pueden entrar y salir a su antojo.

Se está a la espera de las explicaciones de la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, y de que la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas denuncien en los juzgados las irregularidades detectadas. En cuanto a la menor de 12 años, la Generalidad no consta en el sumario de la red de pederastas por un tecnicismo. Tenía la guarda, pero no la tutela de la menor.