Si, como decía Mahatma Gandhi, "no son sólo palabras. Las acciones expresan prioridades", habría que concluir que para el PSC y los nacionalistas es mucho más importante la imposición del catalán, incluso en el ámbito de las empresas privadas y de la Administración Central del Estado, que la protección de los niños que están bajo la tutela de la Generalidad. Así, el mismo día que se ha dado a conocer los 107 años de prisión que piden para un hombre que violó y ofreció a otros pederastas a una niña de 12 años que estaba a cargo de la administración autonómica catalana, el gobierno de Illa no ha tenido más cosas que hacer ni que decir que el anuncio del denominado Pacte Nacional per la Llengua, un programa dotado con más de 255 millones de euros destinado tanto a blindar la ilegal inmersión lingüística del catalán en la enseñanza frente a la sentencia del TSJC que exige al menos un 25% de enseñanza en las dos lenguas cooficiales, como a imponer el uso del catalán en los centros de trabajo de las empresas privadas y de la propia administración central del Estado.
Vaya por delante que no vamos a dejar de felicitar —todo lo contrario— a los Mossos d´Esquadra, cuerpo policial dependiente de la consejería de Interior de la Generalidad, por la detención de los pederastas, pero la atención y cuidado de los menores bajo tutela pública es responsabilidad prioritaria de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalidad. Es cierto que la consejera Mónica Martinez cesó hace un mes a la directora y al subdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, pero por asuntos que nada tienen que ver con la espeluznante noticia de que niñas bajo tutela de la Generalidad habían sido violadas y prostituidas. Y lo grave es que no ha habido por parte de Illa y de sus antecesores en la presidencia de la Generalidad ni una "palabra" ni una "acción" destinadas a condenar y atajar estos abominables hechos.
Ningún otro asunto, por valorable y encomiable que sea, justifica esta desatención de las autoridades autonómicas que son responsables in vigilando a la hora de que estas atrocidades no sucedan. Pero, para colmo, la atención, la vigilancia, las "palabras" y, sobre todo, las "acciones" de los representantes de la Generalidad y de los nacionalistas van destinadas a la violación de los derechos lingüísticos de la infancia —entre ellos el derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna—, a cercenar esa misma libertad lingüística en los centros de trabajo, a ignorar que la única lengua oficial del Estado es el castellano, o a burlar las sentencias contrarios a la imposición del catalán como única lengua de la enseñanza.
Cuando los delirios identitarios pesan más que la protección a la infancia; cuando la lengua deja de ser un medio de comunicación para convertirse en una excluyente señal de identidad, es que existe una gran podredumbre moral en esta parte irrenunciable de España que es Cataluña.