Atendiendo a una vieja demanda del PNV, el Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada que luego iniciará en el Congreso su tramitación parlamentaria.
La nueva norma sustituirá a la vigente Ley de Secretos Oficiales, de 1968, y si llega a entrar en vigor supondrá la desclasificación automática de información clasificada del franquismo: se establece un tiempo máximo de clasificación de 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años. Por tanto, según ha anunciado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esa desclasificación "automática" se efectuará salvo que "persista alguna razón de seguridad nacional o defensa que lo justifique" para todo lo clasificado con anterioridad a 1980.
Otro aspecto llamativo en un ejecutivo que tiene a los medios en el punto de mira es el "régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada". Las sanciones van, según fuentes del Ejecutivo, "desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones en los más graves". El Gobierno alega que "con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión". "El derecho a la libertad de información -aclaran- se introduce como criterio de graduación de las sanciones".
Bolaños ha insistido en que con estas "infracciones administrativas con cuantía económica" se consigue que la revelación de secretos no esté sólo contemplada en el Código Penal, y ha insistido en que "el derecho a la libertad de información será relevante a la hora" de evaluar cualquier infracción.
Otros aspectos de la ley son las estipulación de que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. Además, existirá "el derecho a desclasificar", en palabras de Bolaños, en alusión a que cualquier ciudadano podrá "recurrir cualquier decisión de clasificación".
En la ley, "se regulan cuatro categorías de información clasificada –"Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido"– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación "teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido", con un tiempo máximo de 45 años prorrogables otros 15 de forma motivada.
Además se crea "la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada , que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", es decir, de Félix Bolaños.
Para el ministro, con esta norma "superamos una ley preconstitucional de 1968" y "nos ponemos en estándares europeos", con el fin de que "los ciudadanos tengan derecho a saber", protegiendo al mismo tiempo" la seguridad nacional y la defensa en nuestro país". Se regulará "de manera minuciosa", ha prometido Bolaños a falta de conocer todo el articulado de la norma, "el acceso a la información clasificada", que en el caso de los diputados se efectuará a través de la Comisión de Secretos Oficiales.