La ocupación ilegal de viviendas sigue creciendo en Cataluña mientras el PSC de Salvador Illa consolida su poder institucional. En el primer semestre de 2024, los Mossos han recibido 8.320 denuncias por ocupación, lo que supone un aumento del 10,1% respecto a 2023. Del total, 6.265 fueron consumadas y 2.055 frustradas, lo que refleja que una de cada cuatro tentativas no llegó a completarse.
Del total de ocupaciones consumadas en 2024, el 61,8% se produjeron en viviendas sin uso o en construcción, según datos del balance de seguridad de los Mossos. El resto se reparte entre pisos habitados (25%) y casas aisladas o masías (11%), lo que demuestra que los allanamientos ya no se limitan a inmuebles abandonados. La media mensual se sitúa en 500 denuncias por ocupación consumada.
El tipo penal más frecuente es la ocupación "lleu" (leve), que representa el 88,4% de los casos. Le siguen las violaciones de domicilio con voluntad de ocupación (9,5%) y la usurpación (2%). La inmensa mayoría de los casos afectan a propietarios privados, muchos de ellos particulares que no disponen de medios legales eficaces para recuperar sus inmuebles.
Perfil del okupa: joven, hombre y español
El informe detalla también el perfil de los ocupantes. El 38,6% de las personas denunciadas o detenidas son hombres, con una edad media de 32 años. El 68% se concentra entre los 22 y los 38 años y un 34,2% tiene nacionalidad española. El resto del informe no especifica el desglose por país, pero la experiencia policial en Cataluña señala la presencia significativa de ocupantes de origen extranjero en determinadas zonas urbanas.
Entre febrero y diciembre de 2024, los Mossos recibieron 5.142 requerimientos judiciales para apoyar desahucios por ocupación, pero solo el 47% (2.441) se ejecutaron finalmente. El resto fueron suspendidos por decisión del juzgado antes de la fecha prevista. Este dato refleja la dificultad creciente para aplicar medidas legales efectivas, incluso cuando existe resolución judicial favorable al propietario.
En paralelo, las ocupaciones frustradas aumentan y representan ya el 25% del total, frente al 17% que suponían en 2020. El incremento de intentos fallidos se debe, en parte, al mayor número de intervenciones policiales, pero también a la profesionalización de las mafias que ocupan inmuebles de forma organizada, simulando contratos de alquiler o suplantando identidades.