Los distintos casos de corrupción se acercan de forma clara al epicentro obvio de las decisiones: el propio Pedro Sánchez. Desde el caso Begoña Gómez, hasta la ramificación del rescate de Air Europa, las obras públicas presuntamente amañadas, los contratos de mascarillas del covid, la llegada de petróleo venezolano, la entrada de Delcy, el enchufe de su hermano David, o la cátedra pedida en Moncloa para su mujer sin titulación universitaria, todos estos casos o escándalos resultan inimaginables sin el conocimiento-impulso del presidente del Gobierno. Porque todo lo citado o le interesaba y afectaba familiar o directamente o le implicaba en sus competencias.
Pues bien, los casos se acercan a él y, aunque penalmente la evidencia no es suficiente como carga probatoria sino que hace falta una prueba directa y concluyente, los distintos cuerpos judiciales se preparan para una situación nada desdeñable: una posible imputación de Pedro Sánchez.
Choque institucional y bloqueo parlamentario
Pero, ante esa tesitura, ha surgido un temor en la capa judicial: el temor a un "choque brutal" -como señalan- provocado por una decisión de Sánchez de usar el Parlamento para bloquear el suplicatorio necesario para poder imputar a una persona aforada. Y es misma capa judicial no descarta que Sánchez se atreviese a frenar el suplicatorio y mostrar una imagen de una España en fase de pura impunidad gubernamental y, por lo tanto, en pleno camino hacia una situación dictatorial.
"Claro que hay miedo a ese choque institucional", señala una fuente judicial consultada por Libertad Digital. "No hay ninguna garantía de que ante una posible petición de imputación del presidente del Gobierno, la mayoría parlamentaria del PSOE no pudiera bloquear ese trámite y forzar un archivo de la causa en pleno escándalo nacional e internacional".
Y es que la Constitución no recoge una salida clara y expresa ante semejante situación. Y Sánchez, efectivamente, podría aplicar una medida que, en términos democráticos es una auténtica barbaridad, pero que, a la vista de la ley Bolaños y de los distintos ataques a la Justicia y jueves concretos, casi nadie descarta ya.
"La situación sería indescriptible. La democracia se basa en la separación de poderes y se demostraría la incapacidad de la Justicia de desarrollar su papel de contrapoder del Poder Ejecutivo", señala otra fuente judicial.
España, efectivamente, tienen un sistema poco ejemplar en esta materia decisiva. Y una nueva prueba de la politización judicial daría una imagen de España difícilmente empeoradle. En España, el Congreso elige al presidente, con lo que la mayoría parlamentaria es la mayoría de Gobierno o Ejecutivo. Y eso genera un paralelismo excesivo entre el Ejecutivo y el Lesgislativo.
El caso Air Europa
"Una prueba de que el Poder Judicial es incapaz de imputar, investigar o encausar al Gobierno supondría que el Ejecutivo se ha impuesto al Legislativo y al Judicial. Sería el fin de la separación de poderes", añade la misma fuente.
No faltan fuentes conocedoras de los procesos que señalan que ese temor se observa ya en la tramitación de algunos de los grandes casos, como el de Begoña Gómez, donde el Supremo o la Audiencia Provincial siguen limitando las actuaciones del juez Peinado.
Y es que, en concreto, la rama de Air Europa, como ha señalado el propio instructor del Supremo, Leopoldo Puente, superaba las competencias de José Luis Ábalos. Y eso implica que salta al terreno directo de Pedro Sánchez. Y que, por lo tanto, en caso de avanzar, se podría llegar a demandar la investigación del propio Sánchez.
Y ahí entra directamente ese miedo al "choque institucional", como ya le denominan.